El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó este martes que 64 conductores del transporte urbano han sido asesinados por presuntos sicarios o extorsionadores en lo que va del año 2026. Ante esta cifra oficial, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, señaló a través de RPP que el problema no solo persiste, sino que se ha acentuado, generando una preocupante normalización de la muerte en su sector sin reacción efectiva por parte de las autoridades.
Extorsión generalizada y evolución del modus operandi
Vargas expuso durante el programa Conexión de RPP que el asedio criminal es total, afirmando categóricamente: "Todas están siendo extorsionadas y en todos sitios todas están al 100%". El dirigente detalló una evolución en la modalidad del delito: los criminales ya no se dirigen directamente a las oficinas de las empresas, sino que atacan las unidades de transporte aprovechando el manejo de efectivo por parte de los choferes y la falta de control policial en los paraderos.
Según el representante gremial, los delincuentes exigen montos diarios aproximados de 20 soles. Esta situación ha derivado en que las bandas tengan mapeadas las placas de los vehículos e incluso información personal de los trabajadores, lo cual Vargas interpretó como una organización criminal superior a la capacidad actual de inteligencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública, de acuerdo con Eje Público.
Impacto operativo y crítica a la normativa vigente
La crisis de inseguridad ha golpeado severamente la operatividad del servicio. Diversos conductores han abandonado el sector por miedo a perder sus vidas, lo que obliga a algunas empresas a operar solo entre el 30% y el 40% de su capacidad original. Vargas calificó como "letra muerta" las normas aprobadas el año pasado destinadas a crear unidades de élite con participación conjunta del Ministerio Público y el Poder Judicial, argumentando que su reglamentación fue deficiente para evitar la asignación real de recursos.
Ante este escenario crítico, el gremio ha propuesto medidas inmediatas. Entre las soluciones presentadas se incluyen la intervención seria de los penales con regímenes de aislamiento total para los extorsionadores, el establecimiento de control territorial mediante cuadrantes integrados con cámaras de vigilancia y la prohibición estricta del transporte simultáneo de dos personas en una misma motocicleta.
