La noche de este lunes, el distrito de Comas fue escenario de un nuevo acto de violencia vinculada al crimen organizado. Freddy John Jesús Huamán, exgerente general de la empresa Comas Express SAC, fue ejecutado a balazos por dos sicarios que huyeron a bordo de una motocicleta. El ataque, realizado con precisión y rapidez, deja al descubierto la persistente amenaza que enfrentan los dirigentes del sector transporte informal en la capital.
Extorsión y disputas legales
Según revelaron sus familiares, Huamán era un blanco claro debido a su posición en la estructura de la asociación de mototaxistas. El exdirigente recibía amenazas constantes por el cobro de cupos, una práctica ilegal que genera ingresos forzosos para grupos delictivos. Además, mantenía una disputa legal activa con exintegrantes de su propia asociación, lo que probablemente exacerbó su vulnerabilidad y lo colocó en la mira de múltiples actores hostiles.
Implicaciones para la seguridad en Comas
Este asesinato no es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente de violencia en el sector transporte. La ejecución de Huamán subraya la incapacidad del Estado para proteger a los líderes comunitarios que intentan regular sus propias organizaciones frente a la presión del crimen organizado. La impunidad que rodea estos casos fomenta la escalada de la violencia y la desestabilización del orden público en distritos periféricos.
"Sus familiares revelaron que recibía amenazas por el cobro de cupos y mantenía una disputa legal con exintegrantes de su asociación".
La comunidad de mototaxistas de Comas se encuentra en una encrucijada crítica. La falta de protección estatal y la persistencia de los cupos obligatorios crean un ciclo de violencia del que es difícil escapar. La ejecución de Freddy Huamán exige una respuesta firme de las autoridades competentes, no solo en términos de investigación criminal, sino también en la implementación de políticas que desarticulen las redes de extorsión que operan con total impunidad.
Se espera que la Fiscalía de la Nación abra una investigación urgente para identificar a los autores intelectuales y materiales del crimen. La sociedad civil y los gremios de transporte exigen justicia y medidas concretas que pongan fin a la sangría que afecta a los trabajadores del transporte informal en Lima.
