La empresaria Lupe Zevallos fue capturada en el distrito limeño de San Borja, según confirmaron fuentes del Poder Judicial, luego de haber evadido durante meses el cumplimiento de una sentencia de 25 años de prisión por el delito de lavado de activos.
La detención se produjo en el marco de una operación coordinada entre la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras localizarla en una vivienda donde permanecía oculta desde que se confirmó su condena definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Antecedentes del caso
El caso contra Guadalupe Zevallos se inició hace varios años cuando las autoridades detectaron movimientos financieros irregulares en sus empresas, que no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas. La investigación reveló que la empresaria habría utilizado una compleja red de sociedades para ocultar el origen ilícito de importantes sumas de dinero.
Según el expediente judicial, Zevallos habría participado en operaciones de lavado de activos por un monto que supera los varios millones de soles, utilizando métodos sofisticados que incluían la creación de empresas fantasma y la realización de transacciones bancarias fraccionadas para evitar los controles de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Confirmación de la sentencia
La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 25 años de prisión efectiva dictada en primera instancia, rechazando los recursos de apelación presentados por la defensa de la empresaria. El máximo tribunal consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran contundentes y demostraban fehacientemente la participación de Zevallos en las actividades ilícitas.
"La sentencia se basa en evidencia sólida que demuestra la participación activa de la procesada en operaciones de lavado de activos de gran envergadura", señaló una fuente judicial cercana al caso.
El fallo también incluye el pago de una reparación civil millonaria y la inhabilitación para ejercer actividades empresariales, medidas que buscan resarcir el daño causado al Estado y prevenir la reincidencia en este tipo de delitos.
Operativo de captura
La captura de Lupe Zevallos se concretó tras una intensa búsqueda que duró varios meses. Las autoridades habían emitido una orden de requisitoria a nivel nacional e internacional, activando los mecanismos de cooperación judicial para evitar que la empresaria pudiera fugarse del país.
Fuentes policiales indicaron que la detenida se encontraba en una vivienda ubicada en una zona residencial de San Borja, donde habría permanecido desde que se confirmó su sentencia. Durante el operativo no se registraron incidentes y Zevallos fue trasladada inmediatamente a un centro penitenciario para iniciar el cumplimiento de su condena.
Impacto en la lucha contra el lavado
Este caso representa un hito importante en la lucha contra el lavado de activos en el Perú, delito que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades debido a su vinculación con otras actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal.
La captura de Zevallos envía un mensaje claro sobre la determinación del sistema judicial peruano de perseguir y sancionar este tipo de delitos, independientemente del tiempo que tome localizar a los responsables. La condena de 25 años constituye una de las penas más severas impuestas en el país por lavado de activos.
El Ministerio Público ha destacado que este resultado es producto del trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, la UIF y las fuerzas policiales especializadas en delitos económicos.
Con esta detención, Lupe Zevallos se convierte en un ejemplo de que la justicia peruana puede alcanzar a quienes cometen delitos graves contra el sistema financiero, sin importar los recursos económicos o las conexiones que puedan tener los implicados.
