La Comisión de Protección Competitiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha emitido una resolución que sanciona a un establecimiento educativo por haber impedido el acceso de sus alumnos a las evaluaciones académicas. La medida se tomó como respuesta directa al incumplimiento en el pago de pensiones escolares, estableciendo un precedente claro sobre la separación entre obligaciones financieras y derechos educativos fundamentales.
La infracción administrativa
El caso surge tras denuncias presentadas por padres de familia quienes reportaron que la institución educativa negó a sus hijos la posibilidad de rendir los exámenes correspondientes al periodo académico en curso. Esta acción fue considerada una práctica abusiva y un atentado contra el derecho a la educación, principios amparados tanto por la normativa interna del sector como por las directrices del Indecopi respecto a las relaciones de consumo.
La autoridad competente determinó que, si bien el pago de pensiones es una obligación contractual entre los padres o tutores y la institución privada, dicha deuda no puede servir de excusa para vulnerar el derecho fundamental al aprendizaje ni obstaculizar el proceso formativo del menor. La negativa en permitir la evaluación constituye una restricción arbitraria a los servicios educativos contratados.
Sanción y alcance legal
Como consecuencia de esta investigación, el Indecopi impuso una multa administrativa significativa a la institución educativa infractora. Esta sanción no solo busca penalizar la conducta irregular, sino también disuadir otras prácticas similares en el sector privado que puedan afectar la continuidad académica de los estudiantes, como contamos en Indecopi alerta: 227 vehículos con fallas de seguridad son retirados del mercado.
La resolución reafirma que las instituciones educativas deben garantizar la prestación del servicio educativo sin condiciones discriminatorias o coercitivas relacionadas con aspectos económicos. Se destaca que la responsabilidad financiera es un asunto entre padres y colegio, mientras que el derecho a ser evaluado corresponde exclusivamente al ámbito académico del estudiante, quien no debe ser considerado responsable de los incumplimientos financieros de sus representantes legales.
