El Congreso de la República votó este martes la destitución del presidente interino José Jerí, desatando una nueva ola de inestabilidad política que se suma a la larga lista de crisis institucionales que ha vivido el Perú en los últimos años. La decisión legislativa se produce a escasas semanas de las elecciones presidenciales programadas para abril, lo que eleva la incertidumbre sobre la conducción del país en un momento crítico.
La remoción de Jerí convierte al Perú en un caso sin paralelo en la región: un país que ha tenido múltiples presidentes en un periodo brevísimo, exponiendo las profundas fracturas de su sistema político y la incapacidad de sus instituciones para garantizar gobernabilidad.
Un patrón de inestabilidad que no se detiene
La destitución de José Jerí no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una saga de inestabilidad presidencial que ha marcado al Perú durante la última década. Desde 2016, el país ha visto desfilar una sucesión de mandatarios que han sido destituidos, han renunciado o han enfrentado procesos de vacancia, dejando al Estado en un permanente estado de interinidad.
El mecanismo de vacancia presidencial, contemplado en la Constitución peruana, se ha convertido en una herramienta recurrente del Congreso para remover jefes de Estado. Lo que en teoría debería ser un recurso extraordinario para casos de incapacidad moral permanente se ha transformado, en la práctica, en un instrumento político que el Legislativo emplea con alarmante frecuencia.
Esta dinámica ha generado un círculo vicioso: presidentes débiles que no logran consolidar gobernabilidad, un Congreso fragmentado que utiliza la vacancia como moneda de cambio político, y una ciudadanía cada vez más desencantada con la clase dirigente. Los niveles de aprobación tanto del Ejecutivo como del Legislativo se mantienen históricamente bajos, reflejando una crisis de representación profunda.
Las razones detrás de la caída de Jerí
La votación en el Congreso que selló la suerte del presidente interino estuvo marcada por las tensiones acumuladas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Jerí, quien asumió el cargo de manera transitoria, enfrentó desde el inicio cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad para conducir el país hacia las elecciones de abril.
El voto del Congreso evidenció una vez más la fragmentación del parlamento peruano, donde ninguna bancada cuenta con mayoría suficiente para imponer una agenda coherente, pero donde sí existen alianzas circunstanciales lo suficientemente fuertes como para derribar gobiernos. Esta configuración parlamentaria ha demostrado ser particularmente destructiva para la estabilidad institucional.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación. Organismos multilaterales y gobiernos de la región observan con inquietud cómo el Perú parece incapaz de romper el ciclo de crisis políticas que erosiona su democracia y afecta su credibilidad como socio confiable en el ámbito económico y diplomático.
¿Qué sucede ahora? El camino hacia las elecciones
Tras la destitución de Jerí, la línea de sucesión constitucional determina quién asumirá la conducción del país en las semanas que restan hasta los comicios de abril. Sin embargo, la pregunta fundamental no es quién ocupará temporalmente el sillón presidencial, sino si el Perú podrá garantizar un proceso electoral ordenado y legítimo en medio de semejante turbulencia.
Las elecciones de abril representan, paradójicamente, tanto una oportunidad como un riesgo. Por un lado, ofrecen la posibilidad de que los peruanos elijan un mandatario con legitimidad popular directa que pueda romper el ciclo de interinidad. Por otro, existe el peligro de que la fragmentación política se reproduzca en las urnas, generando un gobierno sin mayoría parlamentaria que enfrente los mismos problemas de gobernabilidad.
El Perú necesita urgentemente un pacto institucional que limite el uso abusivo de la vacancia presidencial y fortalezca los mecanismos de diálogo entre poderes del Estado. Sin reformas estructurales, el ciclo de inestabilidad seguirá repitiéndose independientemente de quién ocupe la presidencia.
Las consecuencias económicas y sociales
La inestabilidad política crónica tiene costos reales y medibles para los peruanos. La inversión privada se retrae ante la incertidumbre, los proyectos de infraestructura se paralizan, y las políticas públicas de largo plazo se vuelven imposibles cuando los gobiernos duran meses en lugar de años.
El Perú, que durante las primeras dos décadas del siglo XXI fue considerado un modelo de crecimiento económico en América Latina, ha visto cómo su dinamismo se erosiona progresivamente. Los indicadores de pobreza, que habían mostrado mejoras sostenidas, corren el riesgo de retroceder si el país no recupera un mínimo de estabilidad institucional.
La seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y la provisión de servicios públicos básicos requieren continuidad en las políticas de Estado. Cada cambio de presidente implica nuevos equipos ministeriales, nuevas prioridades y, con frecuencia, el abandono de programas que estaban en marcha.
Una democracia en estado crítico
Lo ocurrido con José Jerí debe servir como una señal de alarma definitiva. El Perú no puede seguir funcionando con un sistema político que devora a sus propios presidentes con regularidad alarmante. La clase política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, tiene la responsabilidad histórica de anteponer la estabilidad del país a sus cálculos de corto plazo.
Los peruanos merecen instituciones que funcionen, gobiernos que cumplan sus mandatos y un Congreso que legisle en lugar de dedicarse a la permanente conspiración contra el Ejecutivo. Las elecciones de abril serán una prueba de fuego para determinar si el país puede encontrar, finalmente, un camino hacia la normalidad democrática.
