El Congreso peruano retomó en marzo de 2023 su tradicional rol fiscalizador con el debate de una moción de censura contra varios ministros del gabinete de Dina Boluarte, cuestionando directamente su manejo de las protestas nacionales que sacudieron el país tras la caída de Pedro Castillo.
La iniciativa parlamentaria pone en evidencia la fragilidad del actual gobierno, que desde diciembre de 2022 navega en aguas turbulentas sin lograr consolidar una base de apoyo sólida en el Legislativo. Los ministros en la mira enfrentan cuestionamientos por su respuesta a las manifestaciones que dejaron decenas de muertos y heridos en diversas regiones del país.
El fantasma de la ingobernabilidad
Esta moción de censura no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que refleja la profunda crisis institucional que atraviesa el Perú. Desde la vacancia de Castillo, el país vive una suerte de limbo político donde cada decisión gubernamental es sometida al escrutinio implacable de un Congreso que busca reafirmar su poder.
El debate parlamentario evidencia las fisuras entre el Ejecutivo y Legislativo, una constante en la política peruana de los últimos años. La gestión de las protestas, marcada por enfrentamientos violentos y una represión que generó críticas de organismos de derechos humanos, se convierte así en el campo de batalla político del momento.
La moción refleja no solo diferencias sobre el manejo de la crisis, sino la búsqueda del Congreso por mantener su protagonismo político tras haber forzado la salida de Castillo.
Los ministros cuestionados deberán defenderse ante un hemiciclo donde las mayorías son volátiles y los cálculos políticos cambian según las circunstancias. Esta realidad convierte cada sesión en un ejercicio de supervivencia política para el gabinete de Boluarte.
Consecuencias para la estabilidad
Las implicaciones de esta moción trascienden el destino particular de los ministros involucrados. Un eventual éxito de la censura podría desencadenar una nueva reestructuración del gabinete, añadiendo más incertidumbre a un gobierno que ya enfrenta serios cuestionamientos sobre su legitimidad.
La inestabilidad ministerial se ha convertido en una constante de la política peruana, donde los funcionarios duran en promedio menos tiempo del necesario para implementar políticas coherentes. Este fenómeno profundiza la crisis de gobernabilidad y dificulta cualquier intento de planificación a mediano plazo.
El contexto post-Castillo agrava esta situación, pues el gobierno de Boluarte carece del respaldo popular necesario para enfrentar con solidez los embates parlamentarios. Las protestas que motivaron esta moción de censura evidenciaron precisamente esa debilidad: un Ejecutivo sin capacidad de diálogo social efectivo.
El juego político continúa
Más allá del resultado específico de esta moción, el episodio confirma que el Perú sigue atrapado en una dinámica de confrontación institucional que impide abordar los problemas estructurales del país. Mientras el Congreso y el Ejecutivo se enfrascan en batallas políticas, temas urgentes como la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la reforma del Estado quedan relegados.
La moción de censura de marzo de 2023 representa, en definitiva, otro capítulo de la crisis política peruana, donde la supervivencia inmediata prima sobre la construcción de consensos duraderos. Un país que necesita estabilidad para crecer se debate, una vez más, entre el ruido político y la ingobernabilidad crónica.
