La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación conjunta de fuerzas militares y policiales para desbloquear las carreteras en el departamento de La Paz dejó como saldo 47 personas detenidas y cinco heridas. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, detalló que las detenciones se registraron en las ciudades de La Paz y El Alto, y que la entidad ha buscado garantizar la asignación de abogados de defensa pública para los detenidos. Las heridas reportadas incluyen afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica, aunque no se especificaron los mecanismos de agresión en cada caso.
Agresiones a la prensa y confrontaciones
El informe de la Defensoría también verificó agresiones e impedimentos al trabajo de periodistas durante la cobertura de los hechos. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) confirmó que dos informadores de canales locales sufrieron lesiones en una emboscada en el sector de Lipari, al sur de La Paz. Uno de ellos fue retenido con violencia y le destruyeron su teléfono móvil. Además, en la zona de Río Seco en El Alto, los manifestantes respondieron a los gases lacrimógenos con piedras y cargas de dinamita, lo que obligó al Gobierno a ordenar el repliegue de las fuerzas de seguridad para evitar un derramamiento de sangre.
Exigencia de renuncia al presidente Rodrigo Paz
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz mantienen su exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Argumentan que el mandatario no puede solucionar los conflictos del país, motivo por el cual han intensificado las protestas callejeras y los bloqueos de carreteras que se prolongan desde hace once días. La operación del sábado buscaba despejar las rutas troncales que conectan La Paz con Oruro y abrir un corredor humanitario para el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal.
Llamado al diálogo y verificación de derechos
Ante la escalada de violencia, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya remarcó que la prioridad debe ser la protección de la vida y la convivencia pacífica. La entidad está analizando con la Iglesia católica la posibilidad de generar un espacio de desescalada y reconciliación. Asimismo, se encuentran en proceso de verificación institucional las denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante los operativos y las movilizaciones, mientras se monitorea la situación humanitaria derivada de la prolongación del conflicto.
