Un reciente reportaje de investigación ha desvelado la existencia de memorandos internos que evidencian la intervención directa e insistente del expresidente de Petroperú, Roger Arévalo Ramírez, para la contratación de dos allegados, Jorge Mendoza Meléndez y Víctor Hugo Jaimes Alvarado. Estos documentos revelan que las gestiones se realizaron en medio de una severa crisis financiera de la estatal, eludiendo deliberadamente los procesos regulares de selección y mérito que rigen la administración pública.
Intervención directa en la contratación
La documentación recopilada demuestra que Arévalo Ramírez no limitó su rol a la supervisión institucional, sino que actuó como gestor principal para asegurar los puestos de los mencionados funcionarios. Esta maniobra, que vulnera los principios de transparencia y meritocracia, sugiere una práctica de nepotismo funcional o clientelismo político dentro de la máxima autoridad petrolera. La omisión de los concursos públicos habituales plantea serias dudas sobre la idoneidad de los nombramientos y la legitimidad de su permanencia en cargos estratégicos.
Contexto de crisis financiera
La gravedad de la situación se agrava al considerar el momento en que ocurrieron estos hechos: una fase de profunda crisis financiera para Petroperú. En un escenario donde la eficiencia y la reducción de gastos son imperativos, la incorporación de personal sin pasar por filtros técnicos adecuados representa un despilfarro de recursos del Estado y una gestión negligente. La presión del expresidente para estos nombramientos, ignorando las restricciones presupuestarias, indica una priorización de intereses personales o políticos sobre la salud económica de la empresa pública.
"Los memorandos evidencian una insistente intervención directa para incorporar a dos allegados, sin pasar por los procesos regulares de contratación".
Este caso resalta la necesidad de una auditoría exhaustiva sobre las prácticas de contratación en la estatal petrolera durante el mandato de Arévalo. La evidencia documental es contundente y requiere que las autoridades competentes determinen las responsabilidades administrativas y legales derivadas de estas irregularidades. La corrupción en la gestión de recursos públicos no puede ser tolerada, especialmente cuando afecta a empresas vitales para la economía nacional.
