Al menos 82 personas han perdido la vida y otras nueve continúan desaparecidas tras una explosión de gas ocurrida este viernes en la mina Liushenyu, ubicada en el distrito de Qinyuan, provincia de Shanxi, en el centro de China. El siniestro, que se registró a las 19:29 hora local, afectó a una explotación donde laboraban 247 trabajadores en el momento del incidente. Las autoridades chinas han confirmado que las labores de rescate continúan en la zona, mientras la cifra de víctimas mortales se eleva progresivamente a lo largo de la jornada.
Orden de Xi Jinping y despliegue gubernamental
Tras conocerse la magnitud del desastre, el presidente chino, Xi Jinping, emitió instrucciones directas para intensificar las tareas de búsqueda, garantizar la atención médica a los heridos y, fundamentalmente, investigar las causas del suceso con rigor. El mandatario exigió que se exijan responsabilidades a los responsables del accidente. En respuesta a la orden presidencial, el viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar del siniestro para supervisar personalmente las operaciones de rescate y la gestión posterior al desastre.
Evolución del balance y primeras responsabilidades
El balance oficial ha experimentado un aumento drástico en las primeras horas. Inicialmente, las autoridades informaron de ocho fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y 38 atrapadas bajo tierra. Posteriormente, la cifra se elevó a más de 50 muertos antes de consolidarse en 82 fallecidos confirmados por la televisión estatal CCTV. La agencia oficial Xinhua reportó que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina ha quedado bajo control de las autoridades, marcando el inicio formal de la depuración de responsabilidades por el siniestro.
Contexto de la seguridad minera en China
El sector minero chino, vital para la generación energética del país, sigue registrando una alta siniestralidad a pesar de los esfuerzos regulatorios. China genera aproximadamente el 60 % de su energía a partir de carbón. Según datos oficiales, el sector registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023. Aunque esta cifra representa un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, la frecuencia de accidentes mortales mantiene la atención del gobierno central en la seguridad de las explotaciones subterráneas.
