La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha emitido una alerta crítica respecto al estado actual del programa Farmacia Vecina. Según la información difundida por la organización, el mecanismo de distribución de medicamentos atraviesa uno de los momentos más delicados desde su implementación en 2019. La entidad señala que, en la actualidad, el programa opera con apenas el 10% de su capacidad instalada, lo que representa un colapso significativo en la logística de salud pública.
Colapso operativo y impacto en la atención
La revelación de AFIN expone la gravedad de la situación administrativa y operativa que enfrenta el sistema. Al reducirse la capacidad funcional a una décima parte de lo previsto, se genera un cuello de botella directo en la cadena de suministro de fármacos. Esta restricción operativa no es un fenómeno marginal, sino una limitante estructural que afecta la capacidad de respuesta del Estado ante las necesidades farmacológicas de la población afiliada.
El impacto se concentra directamente en los pacientes de EsSalud. La reducción drástica de la capacidad instalada implica que el flujo de medicamentos, diseñado para cubrir la demanda nacional, se ha visto severamente restringido. Esto obliga a los establecimientos de salud y a las farmacias adheridas a trabajar bajo condiciones de escasez artificial, derivada de la ineficiencia del programa en lugar de la falta de insumos médicos en el mercado global.
Contexto de la implementación
Farmacia Vecina fue lanzado en 2019 con el objetivo de descentralizar y abaratar el acceso a medicamentos genéricos para los asegurados del Seguro Escolar y de Salud. Sin embargo, la evidencia presentada por AFIN indica que la ejecución del programa se ha desviado de sus metas originales. Operar al 10% de capacidad sugiere fallas en la gestión de contratos, logística o financiamiento que han paralizado la mayoría de las operaciones previstas.
Esta cifra del 10% no es una proyección, sino un dato operativo reportado por la asociación. Sitúa al programa en una situación de cuasi-inactividad, donde la infraestructura y los recursos asignados no se traducen en servicios efectivos para el usuario final. La crisis actual subraya la urgencia de una auditoría y reestructuración inmediata para evitar que la inoperatividad se consolide como la norma en la dispensación de medicamentos para los trabajadores formales y sus familias.
