El fiscal chileno Héctor Barros confirmó, en declaraciones exclusivas a Noticias Caracol, que la cúpula del gobierno venezolano encomendó al grupo criminal Tren de Aragua el secuestro y homicidio del exteniente y opositor Ronald Ojeda Moreno. Según las afirmaciones del magistrado encargado del caso, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen interino venezolano, actuó como autor directo al negociar la operación con la banda transnacional en territorio chileno.
Pruebas digitales y coordinación directa
Barros detalló que los antecedentes investigativos, respaldados por registros de WhatsApp, permiten sostener que "esto lo encarga Diosdado Cabello". El fiscal enfatizó que el dirigente chavista estableció contacto directo con los niveles superiores del Tren de Aragua para pactar la ejecución política contra desertores de las Fuerzas Armadas venezolanas. La operación de rastreo se extendió desde Colombia hasta Chile, culminando en el crimen ocurrido en febrero de 2024.
Logística criminal y ocultamiento del cuerpo
La investigación fiscal revela una alianza entre el poder político venezolano y la organización terrorista transnacional. Tras acordar el pago en dos fases, los ejecutores implementaron un complejo sistema para evitar que apareciera el cadáver de Ojeda: fue sepultado a 1,40 metros de profundidad dentro de una maleta con cal, enterrado bajo una caseta básica y cubierto con radier de cemento. El fiscal señaló que estas acciones evidencian la tercerización de operaciones de inteligencia para eliminar adversarios sin despliegue directo de fuerzas armadas oficiales, tema que ya cubrimos en Detienen al exministro ecuatoriano José Serrano por su vínculo con el asesinato .
Reacciones televisivas y desafíos jurídicos
Barros afirmó que las declaraciones públicas del ministro Cabello, quien se burló de las instituciones chilenas antes de la confirmación oficial de la muerte por peritos, demostraban conocimiento privilegiado sobre el desenlace fatal. El juicio oral contra una veintena de integrantes del Tren de Aragua inició el 10 de septiembre en Santiago. Sin embargo, el fiscal reconoció que someter a juicio a altos mandos como Cabello o Nicolás Maduro enfrenta barreras constitucionales venezolanas que prohíben la extradición de sus ciudadanos.
