El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha iniciado una investigación preliminar sobre contratos millonarios adjudicados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a un estudio de abogados vinculado al alcalde Rafael López Aliaga, por un monto que supera los 97 millones de soles.
Según información obtenida por este medio, la investigación fiscal se centra en las adjudicaciones realizadas entre 2023 y 2024 a favor del estudio jurídico que mantiene vínculos personales y profesionales con el burgomaestre de Lima. Los contratos bajo escrutinio incluyen asesorías legales especializadas y servicios de consultoría jurídica en materias administrativas y constitucionales.
Vínculos que generan suspicacia
La relación entre López Aliaga y el titular del estudio de abogados beneficiado se remonta a varios años atrás, cuando compartieron actividades en el sector empresarial privado. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que ambos mantuvieron una estrecha colaboración profesional antes de que el actual alcalde asumiera el cargo en la MML.
Los documentos revisados por el Ministerio Público revelan que las contrataciones se realizaron a través de procesos de adjudicación directa, modalidad que permite la selección de proveedores sin licitación pública cuando se trata de servicios altamente especializados o de carácter urgente.
"Los montos involucrados y la recurrencia de las adjudicaciones hacia el mismo estudio jurídico han llamado la atención de los fiscales anticorrupción", señaló una fuente judicial.
Detalles de los contratos cuestionados
Entre las contrataciones más significativas se encuentran servicios de asesoría legal para la defensa de la municipalidad en procesos judiciales complejos, consultoría especializada en derecho administrativo y representación legal en controversias constitucionales. Cada uno de estos contratos habría sido adjudicado por montos que oscilan entre los 8 y 15 millones de soles.
La investigación también examina si los procesos de selección cumplieron con los principios de transparencia y competencia que exige la normativa de contrataciones del Estado. Los fiscales han solicitado a la MML la documentación completa de los expedientes de contratación, incluyendo los términos de referencia, evaluaciones técnicas y sustento de la adjudicación directa.
Posibles irregularidades detectadas
Según el análisis preliminar del Ministerio Público, existen indicios de que algunas de las contrataciones podrían no haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Específicamente, se cuestiona si efectivamente existía la especialización técnica que justificara la adjudicación directa, así como la determinación de los montos contractuales.
Los fiscales también investigan si hubo una adecuada supervisión del cumplimiento de las prestaciones contratadas y si los servicios fueron efectivamente ejecutados conforme a lo establecido en los contratos. La revisión incluye la verificación de los productos entregables y su correspondencia con los pagos realizados.
Posición de la municipalidad
Consultado sobre el tema, el área de comunicaciones de la MML indicó que la institución colaborará plenamente con la investigación fiscal y proporcionará toda la documentación requerida. Asimismo, sostuvieron que todas las contrataciones se realizaron en estricto cumplimiento de la normativa vigente y respondieron a necesidades institucionales específicas.
La municipalidad también argumentó que la adjudicación directa se justificó por la complejidad técnica de los servicios requeridos y la urgencia de contar con asesoría legal especializada para atender procesos judiciales en curso contra la institución.
Implicancias legales
De confirmarse irregularidades en los procesos de contratación, los involucrados podrían enfrentar cargos por colusión, negociación incompatible u otros delitos contra la administración pública. La investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo que la Fiscalía tiene 60 días para determinar si procede formalizar la investigación preparatoria.
El caso se suma a otras investigaciones que enfrenta la gestión de López Aliaga, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos municipales. Los resultados de esta investigación serán clave para determinar si existieron actos de corrupción en la administración municipal.
