El precandidato presidencial George Forsyth anunció que, de llegar al poder, implementará una intervención inmediata del sistema penitenciario peruano desde el primer día de su eventual gobierno. La propuesta busca enfrentar de manera frontal el problema de la criminalidad que se origina y se coordina desde el interior de los penales del país.
Durante una reciente declaración a RPP, Forsyth detalló que su administración tomará el control directo de las cárceles para desarticular las organizaciones criminales que operan desde estos centros. "No podemos permitir que los penales sigan siendo centros de operaciones para el crimen organizado", enfatizó el exalcalde de La Victoria.
Medidas drásticas contra reos peligrosos
La propuesta de Forsyth incluye medidas específicas contra internos de alta peligrosidad. El precandidato sostiene que es fundamental aislar a los cabecillas de organizaciones criminales para cortar las comunicaciones que mantienen con sus estructuras en el exterior.
"Vamos a implementar un régimen de máxima seguridad real, no el que tenemos ahora que es solo de nombre", declaró Forsyth, quien considera que la actual administración penitenciaria ha fracasado en controlar a los internos más peligrosos.
"Los criminales no pueden seguir dirigiendo sus organizaciones desde las cárceles. Es hora de que el Estado retome el control absoluto de estos espacios"
El plan contempla la reorganización completa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la implementación de protocolos de seguridad más estrictos. Forsyth asegura que estas medidas son esenciales para quebrar la cadena de mando de las organizaciones criminales que han convertido las prisiones en sus centros de operaciones.
Críticas al sistema actual
El precandidato presidencial fue enfático al señalar las deficiencias del actual sistema penitenciario peruano. Según su análisis, la falta de control estatal en las cárceles ha permitido que los delincuentes mantengan y amplíen sus redes criminales desde el interior de los penales.
Forsyth destacó que muchos de los delitos que se cometen en las calles son ordenados y coordinados por internos que gozan de privilegios indebidos dentro de las prisiones. "Tenemos cárceles que parecen hoteles cinco estrellas para los criminales más peligrosos del país", manifestó.
La propuesta surge en un contexto donde la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, según diversas encuestas. Los altos índices de criminalidad, especialmente en Lima y otras ciudades importantes, han generado un clamor por medidas más efectivas de parte de la ciudadanía.
Antecedentes en La Victoria
Durante su gestión como alcalde de La Victoria, Forsyth implementó diversas medidas de seguridad que, según él, demostraron su efectividad en la lucha contra la delincuencia. Esta experiencia, argumenta, le da la autoridad moral y técnica para proponer una intervención de esta magnitud a nivel nacional.
El exburgomaestre recuerda que logró reducir significativamente los índices delictivos en su distrito mediante operativos coordinados y el fortalecimiento del sistema de videovigilancia. "Si pudimos limpiar La Victoria, podemos hacerlo con todo el país", aseguró.
Sin embargo, críticos de su propuesta señalan que la intervención de cárceles requiere de recursos significativos y de una planificación detallada que aún no ha sido presentada públicamente. También cuestionan si estas medidas respetarán los derechos humanos de los internos.
Impacto en la campaña electoral
La propuesta de Forsyth se enmarca en un discurso de mano dura contra la delincuencia que busca captar el voto de sectores de la población que demandan acciones más contundentes contra la inseguridad. Esta posición lo diferencia de otros precandidatos que han optado por enfoques más moderados.
La efectividad de esta estrategia electoral dependerá de la capacidad de Forsyth para convencer a los votantes de que tiene un plan concreto y viable para implementar estas medidas. El reto será demostrar que puede pasar del discurso a la acción concreta una vez en el poder.
La propuesta ha generado debate en diversos sectores políticos y sociales, algunos respaldando la necesidad de medidas drásticas, mientras otros expresan preocupación por posibles excesos en la aplicación de estas políticas de seguridad.
