El Ejecutivo promulgó oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 mediante Decreto Supremo, una estrategia multisectorial diseñada para enfrentar el incremento de la criminalidad en el país con un enfoque integral que incluye prevención, inteligencia policial, rehabilitación y cooperación interinstitucional.
Esta medida responde directamente al alarmante incremento de los índices de inseguridad ciudadana que han convertido al Perú en uno de los países más peligrosos de América Latina, según diversos estudios internacionales. La estrategia busca articular los esfuerzos de múltiples sectores del Estado para generar resultados medibles en la reducción de la criminalidad.
Ejes estratégicos del plan
El Plan Nacional contempla cuatro pilares fundamentales para combatir la inseguridad. El primer eje se centra en la prevención de la violencia y el delito, priorizando la intervención en zonas de alto riesgo y el fortalecimiento de programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes en situación de riesgo.
La inteligencia policial constituye el segundo componente, donde se busca modernizar las capacidades de investigación criminal, mejorar los sistemas de información y fortalecer la cooperación entre las diferentes fuerzas del orden. Este aspecto resulta crucial considerando las limitaciones tecnológicas que han caracterizado históricamente a las instituciones de seguridad peruanas.
"La seguridad ciudadana requiere un enfoque multisectorial que vaya más allá de la respuesta reactiva y se concentre en estrategias preventivas y de inteligencia", señaló una fuente gubernamental.
El tercer eje aborda la rehabilitación y reinserción social, reconociendo que el sistema penitenciario debe transformarse en una herramienta efectiva para reducir la reincidencia delictiva. Esto incluye programas de capacitación laboral, educación y tratamiento para adicciones dentro de los centros penitenciarios.
Cooperación interinstitucional y metas medibles
La cooperación entre instituciones representa el cuarto pilar estratégico, estableciendo mecanismos de coordinación entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones de la sociedad civil. Esta articulación busca superar la fragmentación que ha caracterizado las políticas de seguridad en décadas anteriores.
El plan incluye metas cuantificables que permitirán evaluar su efectividad. Entre los indicadores principales se encuentra la reducción del índice de victimización, la disminución de homicidios dolosos, el incremento en la percepción de seguridad ciudadana y el mejoramiento de los tiempos de respuesta policial.
Particularmente relevante resulta el enfoque territorial del plan, que reconoce las diferencias en los patrones criminales entre regiones. Lima Metropolitana, donde se concentra gran parte de la actividad criminal organizada, recibirá atención específica, así como las zonas de frontera donde opera el narcotráfico y el contrabando.
Desafíos de implementación
La implementación del plan enfrentará desafíos significativos, comenzando por la disponibilidad presupuestaria. Los recursos asignados deberán distribuirse estratégicamente para garantizar el funcionamiento de los cuatro ejes simultáneamente, lo que requerirá una coordinación presupuestaria sin precedentes entre sectores.
La capacitación del personal constituye otro reto fundamental. El plan contempla programas de formación para policías, operadores de justicia y funcionarios municipales, reconociendo que el factor humano resulta determinante para el éxito de cualquier estrategia de seguridad.
La resistencia al cambio dentro de las instituciones tradicionales también representa un obstáculo potencial. La historia peruana muestra múltiples intentos de reforma en seguridad que han encontrado dificultades en la fase de ejecución debido a inercias institucionales y conflictos de competencias.
Contexto de crisis de seguridad
El Plan Nacional se aprueba en un contexto donde la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, según encuestas de opinión pública. Los índices de percepción de inseguridad superan el 85% en las principales ciudades del país, mientras que delitos como el sicariato, extorsión y robo agravado han mostrado incrementos sostenidos.
La respuesta gubernamental busca diferenciarse de enfoques anteriores mediante la integración de políticas sociales con estrategias de control, reconociendo que la seguridad ciudadana trasciende el ámbito policial y requiere intervenciones multidimensionales para generar resultados sostenibles en el tiempo.
