El Gobierno de la República ha oficializado la prórroga del estado de emergencia por un plazo de 60 días en el distrito de Pataz, provincia de Oyón, departamento de Áncash. Esta medida, que entrará en vigencia a partir del 6 de abril, tiene como objetivo central desarticular las redes de minería ilegal que operan en la zona y restablecer la seguridad ciudadana. Bajo este régimen excepcional, las Fuerzas Armadas asumirán nuevamente el mando del orden interno, manteniendo en vigor el toque de queda nocturno para restringir la circulación y facilitar las operaciones de inteligencia y control territorial.
Reasignación de autoridad a las Fuerzas Armadas
La decisión ejecutiva responde a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa ante la persistencia de actividades ilícitas que ponen en riesgo la integridad ambiental y la estabilidad social de la región. Con la vigencia de la emergencia, la autoridad policial y administrativa se ve supeditada a la cadena de mando castrense, lo que permite una actuación más contundente y coordinada frente a los grupos organizados. El toque de queda nocturno se mantiene como una herramienta disuasoria fundamental para impedir el movimiento de maquinaria pesada y la extracción de recursos minerales fuera del marco legal.
Impacto en la lucha contra la minería ilegal
La minería ilegal en Pataz ha sido identificada como un problema estructural que genera financiamiento para otras formas de delincuencia y provoca daños irreversibles al ecosistema. La extensión de la medida por dos meses otorga a las autoridades el tiempo necesario para ejecutar operativos de mayor envergadura, asegurando el desmantelamiento de campamentos ilegales y la captura de responsables. Este escenario refleja la postura del Ejecutivo de priorizar la seguridad nacional sobre la libertad de movimiento en zonas donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil, buscando erradicar las causas de la inestabilidad en la región central del país.
