El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Rodríguez Vélez, precisó los criterios específicos que aplicará el organismo electoral para la exclusión de candidatos en las próximas Elecciones Generales 2026, estableciendo un marco normativo claro que busca garantizar la transparencia del proceso electoral.
Durante una conferencia de prensa, Rodríguez Vélez detalló que la exclusión de candidatos se basará estrictamente en los parámetros establecidos por la Constitución Política del Perú y las leyes electorales vigentes, descartando cualquier interpretación subjetiva o criterio político en estas decisiones.
Causales de inhabilitación establecidas
El presidente del JNE enumeró las principales causales que podrían derivar en la exclusión de candidatos. Entre estas se encuentran las sentencias judiciales firmes por delitos dolosos, especialmente aquellos relacionados con corrupción, narcotráfico, terrorismo y crímenes contra los derechos humanos.
Asimismo, se considerará la inhabilitación temporal o permanente impuesta por el Poder Judicial o la Contraloría General de la República por responsabilidad civil o administrativa. Los candidatos que mantengan procesos penales en etapa de juzgamiento por delitos graves también podrían ver limitada su participación electoral.
"El JNE aplicará la normativa vigente sin consideraciones políticas, garantizando que solo participen candidatos que cumplan con los requisitos legales establecidos"
Rodríguez Vélez enfatizó que el organismo electoral no creará nuevas restricciones, sino que se ceñirá exclusivamente a lo establecido en el marco legal actual, rechazando cualquier presión política que pueda influir en estas decisiones técnicas.
Proceso de verificación riguroso
El presidente del JNE explicó que el proceso de verificación de candidatos se realizará mediante un sistema riguroso de consultas a diferentes instituciones del Estado. Se solicitará información actualizada al Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Esta verificación cruzada permitirá identificar de manera oportuna cualquier impedimento legal que pueda afectar la candidatura de los postulantes, evitando así sorpresas de último momento que puedan comprometer la legitimidad del proceso electoral.
El organismo electoral también implementará mecanismos de comunicación directa con los partidos políticos para informar sobre los requisitos y plazos establecidos, facilitando el cumplimiento de las exigencias legales por parte de las organizaciones políticas.
Garantías del debido proceso
Rodríguez Vélez aseguró que todos los candidatos que enfrenten procesos de exclusión tendrán garantizado su derecho al debido proceso y la defensa. El JNE establecerá plazos razonables para que los postulantes puedan presentar sus descargos y subsanar cualquier observación que pueda ser corregible.
"Nuestro compromiso es garantizar elecciones limpias y transparentes, pero siempre respetando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que aspiren a cargos de elección popular", declaró el funcionario electoral.
El presidente del JNE también anunció que se publicará una guía detallada con todos los requisitos y procedimientos, la cual estará disponible para consulta pública y será distribuida entre todas las organizaciones políticas registradas ante el organismo electoral.
Cronograma y plazos establecidos
El organismo electoral ha establecido un cronograma específico para la verificación de candidatos, que comenzará inmediatamente después del cierre del plazo de inscripción de listas de candidatos. Este proceso tendrá una duración aproximada de 30 días, durante los cuales se realizarán todas las consultas y verificaciones necesarias.
Los candidatos observados tendrán un plazo de 10 días para presentar sus descargos y documentación complementaria. Posteriormente, el JNE emitirá las resoluciones correspondientes, las cuales podrán ser impugnadas ante el mismo organismo en un plazo no mayor a cinco días.
Rodríguez Vélez concluyó señalando que estas medidas buscan fortalecer la institucionalidad democrática del país, asegurando que solo participen en el proceso electoral aquellos candidatos que cumplan cabalmente con los requisitos legales establecidos, contribuyendo así a la transparencia y legitimidad de las Elecciones Generales 2026.
