Una investigación de El Comercio ha revelado que el partido Juntos por el Perú, organización política vinculada al expresidente Pedro Castillo, ha incorporado en sus listas congresales a figuras con conexiones directas al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso.
Los hallazgos evidencian un patrón preocupante en la conformación de las listas electorales de cara a las elecciones generales de 2026, donde aparecen candidatos que han mantenido vínculos con la organización terrorista a través de diferentes mecanismos de infiltración política.
Conexiones documentadas con el Movadef
Según la investigación periodística, entre los candidatos propuestos por Juntos por el Perú figuran individuos que han participado activamente en actividades del Movadef, incluyendo manifestaciones públicas, eventos académicos y campañas de defensa de militantes senderistas encarcelados.
La documentación recopilada muestra fotografías, registros de participación en eventos y testimonios que confirman estos vínculos, los cuales se han mantenido durante varios años, incluso después de que el Movadef fuera declarado ilegal por el Tribunal Constitucional en 2012.
"Estas conexiones no son casuales ni esporádicas, sino que forman parte de una estrategia sistemática de penetración en el sistema democrático", señala un experto en terrorismo consultado por El Comercio.
La presencia de estas figuras en las listas congresales plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de filtro y verificación que emplea Juntos por el Perú para la selección de sus candidatos, así como sobre las verdaderas intenciones políticas de la organización.
Implicancias para la democracia peruana
La infiltración de elementos vinculados al terrorismo en partidos políticos legales representa una amenaza directa a la estabilidad democrática del país. Los expertos en seguridad nacional advierten que este fenómeno no es nuevo, pero ha cobrado particular relevancia en el contexto post-Castillo.
El análisis de los perfiles de los candidatos revela un patrón de reclutamiento que privilegia a académicos, abogados y activistas de derechos humanos que han desarrollado vínculos con el Movadef bajo el pretexto de la defensa de causas sociales o académicas.
Estas figuras, según la investigación, han utilizado espacios universitarios, organizaciones no gubernamentales y colectivos de derechos humanos como plataformas para mantener y expandir sus redes de influencia política.
Antecedentes del partido castillista
Juntos por el Perú ha sido objeto de múltiples cuestionamientos desde su formación, especialmente por su cercanía al régimen de Pedro Castillo y sus posiciones políticas radicales. El partido ha defendido consistentemente posturas que coinciden con la agenda histórica de Sendero Luminoso, incluyendo la convocatoria a una asamblea constituyente y cambios estructurales en el sistema económico.
La organización política también ha mostrado simpatías hacia regímenes autoritarios de izquierda en la región, manteniendo vínculos con partidos y movimientos que han sido señalados por organismos internacionales como amenazas a la democracia.
Respuesta de las autoridades
Ante estos hallazgos, diversos sectores políticos han exigido una investigación exhaustiva por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Ministerio Público. La legislación electoral peruana establece mecanismos para impedir la participación de individuos vinculados al terrorismo en procesos electorales.
Sin embargo, los críticos señalan que estos mecanismos han demostrado ser insuficientes para detectar y prevenir la infiltración sistemática de elementos subversivos en el sistema político nacional.
La Fiscalía de la Nación ha sido llamada a investigar estos vínculos y determinar si existe suficiente evidencia para iniciar procesos penales por apología al terrorismo o asociación ilícita.
Perspectivas hacia 2026
La revelación de estas conexiones plantea interrogantes fundamentales sobre la integridad del proceso electoral de 2026 y la capacidad de las instituciones democráticas para protegerse de la infiltración terrorista.
Los analistas políticos advierten que la presencia de estos elementos en el Congreso podría facilitar la implementación de agendas antidemocráticas y el debilitamiento de las instituciones republicanas desde el interior del sistema.
La investigación de El Comercio representa un llamado de alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y verificación en los procesos electorales, así como de mantener la vigilancia ciudadana sobre las organizaciones políticas que buscan acceder al poder.
