La situación carcelaria en el Perú ha alcanzado niveles críticos, obligando a las autoridades a implementar medidas extraordinarias. Sin embargo, Leonardo Caparrós, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ha emitido una advertencia seria sobre la aplicación de estas nuevas directrices. En declaraciones al canal N, Caparrós expresó dudas fundamentales respecto al alcance real de la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Vacíos legales en la nueva normativa
La preocupación central del exautoridad radica en que la norma vigente no delimita con suficiente claridad las funciones específicas que tendrá cada institución. Esta ambigüedad genera un escenario de incertidumbre jurídica y operativa que podría comprometer la eficacia de los operativos.
Caprarrós sostiene que, sin una regulación precisa, existe el riesgo de que se superpongan competencias o, peor aún, que queden áreas grises donde la seguridad pueda verse vulnerada. La intervención militar y policial en prisiones no es un fenómeno nuevo, pero su marco legal debe ser estricto para evitar abusos o ineficiencias.
«La norma actual deja demasiadas puertas abiertas a la interpretación», señaló el exjefe del INPE. Esta postura refleja una preocupación técnica sobre cómo se ejecutará realmente la orden de emergencia en cinco penales de alta seguridad, tema que ya cubrimos en Gobierno declara emergencia en cinco penales de alta peligrosidad.
El contexto de la emergencia carcelaria
La medida responde al deterioro acelerado de la seguridad interna en varios centros de reclusión. Los conflictos entre bandas criminales, los escapes masivos y el control territorial ejercido por narcotraficantes dentro de las cárceles han forzado una respuesta estatal urgente.
No obstante, Caparrós advierte que la presencia física de efectivos armados no resuelve las causas estructurales del problema. La simple ocupación de espacios penitenciarios sin un plan de reforma integral puede resultar en un efecto temporal, pero insuficiente a largo plazo, tal como señaló Bitácora Nacional.
«No basta con enviar policías y soldados; se necesita una reestructuración profunda del sistema penitenciario peruano que garantice el control real sobre los internos», afirmó Caparrós durante su intervención pública.
Riesgos de la militarización sin planificación
La historia reciente del Perú muestra que las intervenciones esporádicas en prisiones han tenido resultados mixtos. Sin protocolos claros, el personal policial puede enfrentar riesgos innecesarios al interactuar con líderes criminales organizados.
Además, la falta de definición sobre quién toma las decisiones finales dentro de los recintos penitenciarios durante estos operativos podría generar fricciones institucionales entre la PNP y el INPE. Esta disonancia operativa es peligrosa en contextos de alta tensión, tema que ya cubrimos en Ministro Astudillo inspecciona Central 105 para blindar la seguridad ciudadana e.
Llamado a una reforma integral
Frente al escenario actual, Caparrós insiste en que la emergencia debe dar paso a un plan de reforma penitenciaria serio y sostenido. Esto implica no solo el control físico, sino también mejoras en infraestructura, gestión de inteligencia carcelaria y tratamientos para la reinserción, información confirmada por Bitácora Nacional.
La crítica del exjefe del INPE resuena con expertos en seguridad pública que han señalado históricamente la necesidad de profesionalizar las fuerzas penitenciarias. La dependencia exclusiva de apoyos externos sin fortalecer el cuerpo policial civil especializado es vista como una solución frágil.
«El sistema está colapsando por falta de planificación a mediano y largo plazo», agregó Caparrós. Su intervención sirve como un recordatorio urgente para las autoridades actuales: la seguridad no se logra solo con fuerza bruta, sino con orden jurídico e institucional claro.
