Una investigación periodística ha revelado que una empresa offshore vinculada a un cercano colaborador del fallecido expresidente Alan García recibió transferencias por US$14 millones de origen sospechoso, según documentos bancarios obtenidos por La República. Esta nueva evidencia profundiza las sospechas sobre la red de corrupción que habría operado durante los gobiernos apristas.
Los registros financieros muestran que la empresa offshore, constituida en jurisdicciones de baja tributación, habría servido como vehículo para canalizar recursos cuyo origen no puede ser justificado con actividades económicas legítimas. Las transferencias se realizaron entre 2008 y 2015, período que coincide con la segunda administración de García Pérez y los años posteriores a su mandato.
Red de empresas fantasma
La investigación ha identificado un entramado de empresas constituidas en paraísos fiscales que habrían funcionado como pantalla para ocultar el verdadero destino de millonarios recursos. El amigo cercano del exmandatario, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones legales, aparece como beneficiario final de estas estructuras corporativas.
Según los documentos analizados, las transferencias provenían de cuentas bancarias en el extranjero cuyos titulares mantienen vínculos con empresas que obtuvieron contratos millonarios con el Estado peruano durante la gestión garcista. Esta conexión refuerza las hipótesis sobre un posible esquema de retornos por la adjudicación de obras públicas.
"Los montos y la forma en que se realizaron estas operaciones presentan todas las características de un esquema de lavado de activos diseñado para ocultar el origen ilícito de estos recursos", señala un experto en investigaciones financieras consultado para este reportaje.
Patrón de operaciones sospechosas
El análisis de los movimientos bancarios revela un patrón sistemático de fraccionamiento de las transferencias para evitar los controles antilavado. Las operaciones se realizaron en montos inferiores a los umbrales que requieren reportes obligatorios a las autoridades financieras, una técnica conocida como "estructuración" o "pitufeo".
Además, las fechas de las transferencias coinciden con períodos en los que se negociaban importantes contratos de obra pública, incluyendo proyectos de infraestructura vial y energética que fueron adjudicados a empresas extranjeras durante el segundo gobierno de García.
Esta nueva evidencia se suma a la documentación ya conocida sobre presuntos actos de corrupción durante la administración aprista, incluyendo los casos del Metro de Lima y la Línea 1, así como las investigaciones sobre sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Implicancias legales
Aunque Alan García falleció en abril de 2019 cuando se disponía a ser detenido por el caso Odebrecht, las nuevas revelaciones mantienen vigente el interés judicial sobre la red de colaboradores que habría participado en estos esquemas. El Ministerio Público ha confirmado que estos hallazgos forman parte de las investigaciones en curso.
Las autoridades financieras internacionales han sido notificadas sobre estos hallazgos, lo que podría derivar en el congelamiento de activos y la cooperación judicial para el rastreo de los recursos involucrados. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analiza la documentación para determinar si existen elementos suficientes para iniciar procesos de extinción de dominio.
Los abogados de la familia García han rechazado cualquier implicancia del fallecido expresidente en estos movimientos financieros, argumentando que no existe evidencia directa que lo vincule con las operaciones identificadas. Sin embargo, la proximidad de los involucrados al círculo íntimo del exmandatario genera interrogantes sobre el verdadero alcance de su conocimiento sobre estas operaciones.
Investigación en curso
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre la corrupción sistemática que habría caracterizado las dos administraciones de García Pérez. Los fiscales especializados en lavado de activos continúan rastreando el destino final de estos recursos y su posible conexión con otros casos de corrupción en el sector público.
Esta revelación demuestra la persistencia de las redes de corrupción que operaron durante los gobiernos apristas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir esquemas similares en el futuro. La transparencia en el manejo de recursos públicos y el fortalecimiento del sistema de justicia se mantienen como desafíos centrales para la democracia peruana.
