El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha presentado una propuesta que busca establecer barreras claras entre los partidos políticos and los propietarios de medios de comunicación en el contexto de la franja electoral para las elecciones generales de 2026.
La iniciativa surge como respuesta a las irregularidades detectadas en procesos electorales anteriores, donde se evidenciaron conexiones que comprometían la equidad en la contratación de espacios publicitarios durante las campañas electorales.
Medidas para garantizar transparencia electoral
Según la propuesta de Corvetto, las nuevas reglas impedirían que partidos políticos establezcan acuerdos comerciales directos con propietarios de medios que tengan intereses económicos o vínculos familiares con candidatos o dirigentes partidarios. Esta medida apunta a eliminar los conflictos de interés que han caracterizado campañas previas.
La ONPE ha identificado casos donde medios de comunicación han otorgado tarifas preferenciales a determinadas organizaciones políticas, creando ventajas competitivas injustas que distorsionan la igualdad de oportunidades en el proceso electoral.
"Es fundamental establecer reglas claras que garanticen que todos los partidos políticos tengan las mismas oportunidades de acceso a los medios de comunicación durante la franja electoral", señaló Corvetto.
Antecedentes de irregularidades mediáticas
Los antecedentes que motivaron esta propuesta incluyen denuncias sobre el favorecimiento mediático hacia ciertos candidatos durante las elecciones de 2021, donde se registraron disparidades significativas en los costos publicitarios y en la cobertura informativa.
La autoridad electoral ha documentado casos donde propietarios de medios han utilizado sus plataformas para beneficiar a candidatos afines, mediante la reducción de tarifas publicitarias o la ampliación gratuita de espacios informativos, violando principios básicos de equidad electoral.
Estas prácticas han generado distorsiones en la competencia política, permitiendo que candidatos con conexiones mediáticas obtengan ventajas desproporcionadas sobre sus competidores, comprometiendo la integridad del proceso democrático.
Propuesta de regulación integral
La propuesta de la ONPE contempla la creación de un sistema de monitoreo que supervise las contrataciones publicitarias durante la franja electoral, estableciendo tarifas estandarizadas y mecanismos de control que impidan el trato preferencial.
Además, se plantea la implementación de sanciones para aquellos medios que incumplan las reglas establecidas, incluyendo multas y la prohibición temporal de participar en procesos electorales futuros.
El organismo electoral también propone la creación de un registro público de propietarios mediáticos y sus vínculos familiares o comerciales con organizaciones políticas, garantizando la transparencia en las relaciones entre medios y partidos.
Desafíos en la implementación
La implementación de estas medidas enfrenta resistencia por parte de algunos sectores mediáticos y políticos que consideran que podría limitar la libertad de prensa y la autonomía empresarial en el sector comunicacional.
Los críticos argumentan que la regulación excesiva podría generar efectos contraproducentes, limitando el pluralismo informativo y creando barreras burocráticas que dificulten el ejercicio periodístico independiente.
Sin embargo, la ONPE sostiene que las medidas son necesarias para preservar la equidad electoral y evitar que intereses económicos particulares distorsionen el proceso democrático, priorizando la integridad institucional sobre consideraciones comerciales.
Perspectivas para 2026
Con miras a las elecciones generales de 2026, la ONPE busca implementar estas regulaciones como parte de un paquete integral de reformas electorales que incluye mejoras en la supervisión de campañas y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
La propuesta será sometida a consulta pública y revisión legislativa, requiriendo el consenso de diversos actores políticos para su aprobación e implementación efectiva antes del inicio del proceso electoral.
La iniciativa representa un esfuerzo por modernizar el marco regulatorio electoral peruano, adaptándolo a los desafíos contemporáneos que plantea la concentración mediática y su influencia en los procesos democráticos.
