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Padre de víctima de crimen ambiental exige justicia y denuncia impunidad estatal
Demetrio Pacheco, defensor ambiental en Perú: “El Estado podría haber evitado el asesinato de mi hijo” | ENTREVISTA
La voz temblorosa pero firme de Demetrio Pacheco resuena con la pesadez del duelo y la furia contenida. En una entrevista concedida a El Comercio, este defensor ambiental peruano no solo relata el dolor insondable por la pérdida de su hijo, sino que lanza un cargo directo contra las instituciones: “El Estado podría haber evitado el asesinato de mi hijo”.
La declaración no es una mera expresión de lamento; es una acusación estructural. Pacheco sostiene que la negligencia institucional y la falta de protección efectiva a los defensores de derechos humanos en territorios conflictivos fueron determinantes para que se consumara el crimen. Su testimonio expone las grietas profundas del sistema de seguridad peruano frente al narcotráfico y la criminalidad organizada.
La denuncia de impunidad estatal
Pacheco no busca solo justicia penal; exige una rendición de cuentas política. Al afirmar que el Estado tenía la capacidad, pero no la voluntad, para prevenir el asesinato, coloca al gobierno en el centro del debate sobre la protección de activistas ambientales. En Perú, los defensores territoriales enfrentan riesgos mortales constantes, a menudo vinculados a la expansión ilegal de cultivos de coca y rutas de narcotráfico.
“No fue un hecho aislado”, insiste Pacheco en su relato. La percepción es que existieron señales claras previas al crimen, ignoradas por las autoridades locales o nacionales. Esta narrativa refuerza el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras organizaciones sobre la alta tasa de impunidad en crímenes contra defensores ambientales, más contexto en Tecladista de Camilo Séptimo fue amenazado por su presunto asesino antes del crimen.
La entrevista revela una fractura irreparable entre la comunidad afectada y las fuerzas del orden. Para Pacheco, la ausencia de medidas preventivas concretas equivale a complicidad pasiva. Su dolor se transforma en un llamado urgente para reformar los mecanismos de protección al ciudadano que defiende el territorio.
Contexto de violencia contra defensores
Aunque Pacheco no detalla en esta entrevista específica las circunstancias exactas del crimen, su rol como defensor ambiental sitúa la tragedia dentro del patrón recurrente de violencia en zonas rurales y áreas naturales protegidas. La presión sobre comunidades locales por parte de organizaciones criminales es una realidad documentada, como informó Padre de Milán exige verdad y justicia tras asesinato escolar en Huancayo.
La seguridad de los activistas depende frecuentemente de protocolos que, según críticos y familiares como Pacheco, están mal implementados o son inexistentes. La falta de información pública detallada sobre el caso específico impide analizar la respuesta policial concreta, pero la denuncia del padre apunta a un fallo sistémico, más contexto en Tecladista de Camilo Séptimo fue amenazado por su presunto asesino antes del crimen.
El Estado peruano ha reconocido en informes internacionales la vulnerabilidad de los defensores ambientales. Sin embargo, las cifras de asesinatos y amenazas persisten. La declaración de Pacheco resuena como una prueba viva de que las declaraciones oficiales no siempre se traducen en protección real para quienes están en primera línea, de acuerdo con Radar Cuzco.
La lucha por la verdad y el cambio
Demetrio Pacheco utiliza su plataforma mediática para visibilizar lo que muchas familias prefieren guardar en silencio. Su entrevista busca romper el muro de olvido e impunidad que rodea a muchos crímenes contra defensores. Al hablar, no solo honra la memoria de su hijo, sino que expone las fallas estructurales del aparato estatal.
La exigencia de justicia es clara: investigar no solo al ejecutor material, sino también a los posibles cómplices institucionales o políticos que permitieron el ambiente propicio para el crimen. “El Estado podría haber evitado” es una frase que carga con todo el peso de la responsabilidad negligente.
La comunidad defensora espera que esta denuncia impulse nuevas investigaciones y, quizás, reformas en los protocolos de protección. Hasta ahora, Pacheco sigue esperando respuestas concretas más allá del lamento oficial. Su voz es un recordatorio incómodo para las autoridades: la seguridad no puede ser una promesa vacía cuando se trata de vidas humanas.
El caso ilustra la complejidad de la lucha contra el narcotráfico y la deforestación en Perú, donde la línea entre crimen organizado y corrupción institucional a menudo se difumina. La entrevista con El Comercio sirve como un testimonio histórico del dolor familiar frente a una maquinaria estatal percibida como fallida.
