En un acto que desafía la gravedad de los hechos históricos, Roberto Sánchez, precandidato presidencial de Juntos por el Perú, ha calificado el 'Andahuaylazo' de 2017 como una 'gesta de rebeldía' y una legítima 'acción política'. Esta declaración, lejos de ser un desliz retórico, expone una peligrosa continuidad ideológica con el etnocacerismo, movimiento liderado por Antauro Humala.
El incidente al que se refiere Sánchez ocurrió en enero de 2017, cuando seguidores de Humala tomaron la plaza de armas de la ciudad de Andahuaylas. El operativo policial resultante en la muerte de cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y más de 150 heridos, marcó uno de los episodios más sangrientos de la violencia política en la región.
La justificación de la violencia como herramienta política
La retórica utilizada por Sánchez no solo minimiza la pérdida de vidas humanas, sino que eleva a los perpetradores de un asalto armado a la categoría de héroes políticos. Al denominar el evento como una 'gesta', el candidato valida el uso de la fuerza desmedida contra las instituciones del Estado como un mecanismo válido de protesta.
Esta postura contradice frontalmente los principios básicos de seguridad ciudadana y el Estado de Derecho. En lugar de condenar el asesinato de cuatro funcionarios públicos que cumplían con su deber de mantener el orden, Sánchez lo enmarca dentro de una narrativa de resistencia legítima contra el poder establecido.
"La glorificación de la violencia policial no es un error de cálculo, es una declaración de principios que pone en riesgo la estabilidad institucional del país y la vida de los servidores públicos".
El análisis de sus discursos recientes revela que, aunque intenta marcar distancia de Antauro Humala de cara a las elecciones, su lenguaje y sus alianzas siguen orbitando en la misma esfera ideológica. La cercanía no es casual; es estructural y forma parte del núcleo duro de su base electoral.
El peligro de la cercanía con el etnocacerismo
La relación entre Roberto Sánchez y el etnocacerismo es histórica y profunda. En enero de 2025, el congresista participó activamente en eventos donde se exaltaba la figura de Humala, demostrando que la distancia que intenta proyectar es meramente cosmética. Esta hipocresía política es un riesgo latente para la seguridad nacional.
El etnocacerismo se ha caracterizado por su discurso de confrontación directa con la fuerza pública. Al validar el Andahuaylazo, Sánchez envía un mensaje claro a las bases radicales: la violencia contra la policía no será condenada, sino celebrada. Esto crea un terreno fértil para la radicalización de nuevos actores políticos dispuestos a usar la fuerza.
Los datos son contundentes: desde el levantamiento de 2017, la región de Apurímac ha sido escenario de múltiples intentos de desestabilización. La falta de condena explícita por parte de líderes políticos como Sánchez alimenta la impunidad y debilita la autoridad del Estado en zonas vulnerables.
Implicancias para la seguridad y la democracia
La seguridad en el Perú no puede ser negociada con discursos que glorifican el asesinato de policías. La posición de Sánchez representa un retroceso en la consolidación democrática, donde la vida de los servidores públicos es puesta en jaque por la ambición de ciertos sectores políticos.
Si este candidato accede a la presidencia o mantiene influencia en el congreso, la polarización social se intensificará. La línea entre la protesta legítima y el delito violento se difumina, poniendo en riesgo la integridad física de miles de agentes de la PNP que patrullan el país diariamente.
La ciudadanía debe exigir claridad y responsabilidad a sus representantes políticos. No se puede permitir que el pasado de violencia se repita bajo nuevas formas de retórica. La defensa de la institucionalidad requiere que se condenen sin ambages los actos que buscan deslegitimar a las fuerzas del orden.
El caso del Andahuaylazo no es un hecho aislado del pasado; es un espejo de lo que podría ocurrir si se tolera la justificación política de la violencia. La sociedad peruana debe estar alerta ante candidatos que, bajo la fachada de la rebeldía, promueven la descomposición del orden público y la seguridad nacional.
