El incremento del 30% en casos de secuestros registrado durante marzo en las regiones andinas del país ha encendido las alarmas sobre la seguridad turística en uno de los principales destinos del Perú. Los datos, que revelan una preocupante escalada de la criminalidad en zonas tradicionalmente consideradas seguras para el turismo, exponen las limitaciones del Estado para garantizar la protección de visitantes extranjeros.
La situación se agravó tras un incidente que involucró a un grupo de turistas extranjeros en Cusco, episodio que motivó el despliegue de emergencia de 200 agentes adicionales para patrullar las áreas identificadas como de alto riesgo. Esta medida reactiva, aunque necesaria, evidencia la falta de una estrategia preventiva integral que aborde las causas estructurales del problema.
Patrón criminal en expansión
Los reportes indican que los turistas extranjeros se han convertido en el objetivo prioritario de las bandas delictivas que operan en las regiones andinas. Esta preferencia no es casual: los visitantes internacionales suelen portar efectivo, equipos electrónicos de valor y, crucialmente, tienen menor conocimiento sobre las zonas de riesgo y los protocolos de seguridad locales.
"La criminalidad ha encontrado en el turismo extranjero una fuente de ingresos que considera de bajo riesgo y alta rentabilidad", explica un analista en seguridad consultado por RPP.
El fenómeno no se limita a Cusco. Regiones como Arequipa, Huancavelica y Ayacucho también han reportado incrementos en este tipo de delitos, lo que sugiere la existencia de redes criminales que han identificado en el corredor turístico andino una oportunidad de negocio ilícito.
Impacto en la industria turística
El sector turístico, que representa aproximadamente el 3.9% del PBI nacional y genera más de un millón de empleos, enfrenta ahora el riesgo de ver afectada su reputación internacional. Los incidentes de seguridad en destinos emblemáticos como Cusco, puerta de entrada a Machu Picchu, podrían tener consecuencias devastadoras para la percepción del Perú como destino turístico seguro.
Las empresas turísticas ya reportan cancelaciones y consultas preocupadas de potenciales visitantes. Los operadores locales advierten que, de mantenerse esta tendencia, el país podría perder competitividad frente a otros destinos sudamericanos que han logrado mantener mejores estándares de seguridad turística.
Respuesta institucional insuficiente
El despliegue de 200 agentes adicionales, aunque representa un esfuerzo por parte de las autoridades, resulta claramente insuficiente para cubrir la extensión territorial de las regiones andinas afectadas. Además, esta respuesta reactiva no aborda los factores que han permitido el crecimiento de estas actividades delictivas.
La falta de coordinación entre las diferentes instancias de seguridad, la limitada presencia policial en zonas rurales y turísticas, y la ausencia de protocolos específicos para la protección de turistas extranjeros son deficiencias estructurales que requieren atención urgente.
Expertos en seguridad señalan que se necesita una estrategia integral que incluya inteligencia preventiva, cooperación internacional para el intercambio de información sobre visitantes en riesgo, y el fortalecimiento de la policía turística con recursos y entrenamiento especializado.
Urgencia de acción integral
El aumento de secuestros en las regiones andinas no es solo un problema de seguridad ciudadana, sino una amenaza directa a uno de los sectores económicos más importantes del país. La respuesta del Estado debe ser proporcional a la magnitud del desafío: recursos suficientes, estrategias preventivas y, sobre todo, un compromiso sostenido con la seguridad turística que vaya más allá de medidas coyunturales.
El tiempo apremia. Cada incidente reportado no solo representa un drama humano, sino también un golpe a la imagen internacional del Perú que podría tener consecuencias económicas y sociales duraderas para las comunidades que dependen del turismo.