Una nueva jornada de protestas sacudió las calles de Lima cuando transportistas de la Asociación de Transporte de Servicio Público Especializado Remisse (ATSUPER) marcharon para exigir acciones concretas contra la ola de extorsiones que amenaza su supervivencia económica. La manifestación evidenció una vez más el deterioro de la seguridad ciudadana y la ineficacia del Estado para proteger a los ciudadanos de las organizaciones criminales.
Los transportistas concentraron sus demandas en la implementación inmediata de la Ley 32490, norma que establece medidas de prevención contra la extorsión y un sistema de indemnizaciones para las víctimas. Esta legislación, aprobada tras años de reclamos del sector, permanece en gran medida sin ejecutarse mientras los delincuentes incrementan su presión sobre los trabajadores del transporte.
Crisis de seguridad en cifras alarmantes
Los datos más recientes revelan la magnitud de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Según estudios especializados, el 27% de los hogares de los sectores socioeconómicos A y B reportan haber sido víctimas de algún tipo de delito, una cifra que refleja cómo la criminalidad ha permeado todos los estratos sociales sin distinción.
La extorsión se ha convertido en el método preferido de las organizaciones criminales para obtener financiamiento, afectando especialmente a sectores productivos como el transporte, la construcción y el comercio.
El gremio de transportistas ha documentado un incremento exponencial en las amenazas y cobros ilegales. Los delincuentes exigen pagos que oscilan entre 500 y 2,000 soles mensuales por unidad vehicular, montos que resultan insostenibles para conductores que ya enfrentan el encarecimiento del combustible y la competencia desleal del transporte informal.
Inacción estatal alimenta la impunidad
La marcha de ATSUPER puso en evidencia la frustración del sector ante la lenta respuesta del aparato estatal. A pesar de que la Ley 32490 fue promulgada con gran expectativa, su reglamentación y aplicación efectiva siguen pendientes, dejando a los transportistas en estado de indefensión.
Los manifestantes exigieron la creación de un fondo de indemnización que permita resarcir a las víctimas de extorsión, así como el fortalecimiento de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú para combatir estos delitos. Sin embargo, la asignación presupuestal para estas medidas permanece en el limbo burocrático.
La situación se agrava por la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Mientras el Ejecutivo promete mano dura contra el crimen, las municipalidades siguen otorgando permisos de circulación sin verificar adecuadamente los antecedentes de conductores y propietarios, facilitando la infiltración criminal en el sector.
Impacto económico y social
Las extorsiones no solo afectan la economía familiar de los transportistas, sino que generan un efecto dominó en toda la cadena productiva. El incremento de los costos operativos se traslada inevitablemente a los usuarios, quienes deben pagar tarifas más altas por servicios de menor calidad.
Además, muchos conductores optan por abandonar la actividad ante la presión criminal, reduciendo la oferta de transporte público y generando mayores problemas de movilidad en una ciudad ya saturada. Esta situación beneficia únicamente a las organizaciones criminales, que amplían su control territorial aprovechando el vacío dejado por los trabajadores formales.
Exigencias del sector transporte
Los dirigentes de ATSUPER presentaron un pliego de demandas específicas que incluye la implementación de sistemas de monitoreo GPS obligatorio, la creación de rutas seguras supervisadas por efectivos policiales, y la instalación de cámaras de videovigilancia en paraderos estratégicos.
También solicitaron la modificación del Código Penal para endurecer las penas por extorsión, elevando las sanciones mínimas y eliminando beneficios penitenciarios para los condenados por este delito. Estas medidas, argumentan, son indispensables para desincentivar la actividad criminal y restablecer el orden público.
La respuesta del gobierno a estas protestas será determinante para evaluar su capacidad real de enfrentar el crimen organizado. Los transportistas han advertido que mantendrán la presión social hasta obtener resultados concretos, amenazando con paralizar sus servicios si no perciben avances significativos en las próximas semanas.
