Un nuevo episodio de violencia extrema sacudió el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) cuando fuerzas policiales se enfrentaron con grupos narcotraficantes en una operación que dejó un saldo trágico de 10 fallecidos, entre ellos cuatro efectivos policiales.
El operativo, que logró incautar 500 kilogramos de cocaína, evidencia una vez más la peligrosa escalada que vive esta región, convertida en el epicentro del narcotráfico nacional y donde los grupos criminales han intensificado su resistencia armada contra las autoridades.
Una región bajo asedio criminal
Los datos oficiales confirman lo que los pobladores del Vraem viven a diario: el incremento del 20% en las operaciones ilegales durante los últimos meses ha convertido esta zona en un polvorín. La muerte de cuatro policías no es solo una estadística más, sino el reflejo de un Estado que envía a sus agentes a enfrentar organizaciones criminales cada vez más armadas y organizadas, pero sin las condiciones ni el equipamiento adecuado.
"Cada operativo en el Vraem es una ruleta rusa para nuestros efectivos, que arriesgan sus vidas con recursos limitados mientras los narcos cuentan con armamento de guerra"
La incautación de media tonelada de cocaína, aunque significativa, representa apenas una fracción de la producción que se maneja en esta región. Las autoridades celebran estos golpes como victorias, pero la realidad es que el negocio del narcotráfico se recupera rápidamente y los espacios dejados por los caídos son ocupados inmediatamente por otros grupos.
El costo humano de una guerra desigual
La muerte de efectivos policiales expone las carencias estructurales de la lucha antidrogas en el país. Mientras los narcotraficantes invierten millones en armamento sofisticado y sistemas de comunicación avanzados, las fuerzas del orden operan con presupuestos limitados y equipos obsoletos.
Esta asimetría no solo se traduce en víctimas mortales, sino en una sensación de impunidad que alienta a más grupos criminales a establecerse en la zona. El Vraem se ha convertido en un territorio donde la ley del más fuerte prevalece sobre el Estado de derecho.
La situación se agrava cuando consideramos que cada operativo de este tipo genera un efecto dominó: las familias de los policías caídos quedan desprotegidas, mientras que los grupos criminales utilizan estos enfrentamientos como propaganda para demostrar su poder y atraer a más delincuentes.
Una estrategia que requiere reformulación
El incremento del 20% en actividades ilícitas en los últimos meses no es casualidad. Responde a una reorganización de las estructuras criminales que han aprendido a adaptarse a los operativos tradicionales y que han encontrado en la violencia extrema una herramienta efectiva para mantener su control territorial.
Las autoridades deben reconocer que la estrategia actual, basada principalmente en operativos reactivos, ha mostrado sus limitaciones. Se requiere un enfoque integral que combine inteligencia, desarrollo alternativo para los pobladores, fortalecimiento institucional y, sobre todo, un equipamiento adecuado para las fuerzas del orden.
Los 10 muertos del Vraem no pueden ser solo números en un reporte oficial. Representan el fracaso de una política que privilegia los resultados mediáticos sobre la protección real de quienes arriesgan sus vidas en primera línea de combate contra el narcotráfico.
