La región de Arequipa atraviesa un deterioro grave en su seguridad, evidenciado por el incremento exponencial de la criminalidad. Según cifras oficiales del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre los años 2020 y 2025 las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho, mientras que las denuncias relacionadas con la minería ilegal aumentaron siete veces en el mismo periodo.
Datos del IPE confirman el colapso institucional
Los datos presentados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) constituyen un indicador objetivo y verificable sobre la ineficacia actual de las políticas públicas de seguridad. La multiplicación x8 en los casos de extorsión no representa una variación estadística menor, sino que evidencia una expansión sistemática del delito organizado o informal dentro de la región.
Paralelamente, el incremento siete veces mayor en denuncias por minería ilegal sugiere un debilitamiento severo del control estatal sobre los recursos naturales y territorios. Esta dualidad criminal —extorsión a comerciantes y trabajadores, junto con la depredación de recursos— indica que las fuerzas de seguridad no cuentan con una estrategia sostenida para enfrentar estos frentes simultáneos.
La necesidad de un nuevo rumbo estratégico
Frente a este escenario crítico, se hace imperativa la implementación de una nueva estrategia regional y nacional. La falta de medidas efectivas ha generado que el deterioro en la seguridad afecte directamente los indicadores económicos básicos. Sin mecanismos robustos para garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, es imposible sostener un entorno propicio para la inversión.
El Poder Ejecutivo cuenta con herramientas legales e institucionales para enfrentar este problema; sin embargo, su aplicación requiere una elección gubernamental con un equipo técnico competente. La capacidad técnica del gobierno resulta determinante para reorientar el rumbo de la seguridad pública y restablecer el orden institucional que Arequipa necesita urgentemente.
Seguridad como requisito para el desarrollo
No existe desarrollo sostenible sin condiciones previas de estabilidad. El deterioro actual en la seguridad impide impulsar la inversión privada, elemento clave para generar empleo formal y reducir las brechas sociales. La extorsión desincentiva la actividad económica al aumentar los costos operativos ilegales, mientras que la minería ilegal distorsiona el mercado laboral y ambiental.
Por lo tanto, la recuperación de Arequipa depende directamente de la capacidad del Estado para aplicar estas herramientas con rigor técnico. Sin seguridad ni crecimiento económico regulado por normas claras, no habría desarrollo sostenible para la región. La urgencia radica en pasar de la reacción ante los hechos consumados a una planificación técnica que fortalezca la estructura institucional.
