Un violento ataque armado se registró en la avenida Guillermo de la Fuente, en el distrito de Comas, donde trabajadores de una empresa concesionaria dedicados a la reparación de pistas fueron baleados por sujetos que huyeron en motocicletas. El saldo del incidente es un fallecido y un herido. Los compañeros de las víctimas han denunciado que, días antes del suceso, ya habían recibido amenazas vinculadas a un presunto caso de extorsión, lo que sugiere un perfil delictivo organizado.
Detalles del ataque y contexto de amenazas
Según los reportes iniciales, los trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento vial cuando fueron interceptados por los agresores. La rapidez de los sujetos en motocicleta complicó la labor de identificación inmediata, aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la autoría intelectual y material del hecho. Las autoridades confirman que el ataque ocurrió en horario laboral, apuntando específicamente a personal civil.
Lo más alarmante del caso es el antecedente de acoso. Los familiares y colegas de las víctimas han señalado que la empresa y sus empleados habían sido objeto de presiones previas. Estas amenazas, recibidas en los días anteriores al ataque, estaban directamente relacionadas con intentos de cobro de cupos ilegales, una práctica común de las bandas criminales que operan en la periferia de Lima para financiar sus actividades delictivas.
Implicaciones para la seguridad en obras públicas
Este incidente reactiva el debate sobre la seguridad laboral en proyectos de infraestructura pública. La concesionaria afectada ha expresado su preocupación por la impunidad que rodea estos crímenes y ha solicitado a las autoridades competentes medidas de protección inmediata para el personal restante. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ente rector, debe evaluar los protocolos de seguridad en las zonas de alto riesgo.
La comunidad de Comas exige respuestas concretas del Estado. La violencia en obras públicas no solo afecta a los trabajadores, sino que retrasa el desarrollo de la infraestructura urbana y genera un clima de inseguridad generalizado. Las investigaciones continúan para esclarecer si existe un vínculo con otros casos de extorsión en la zona norte de la capital.
