A más de un año de las elecciones presidenciales de 2026, el panorama político peruano ya está definido por una carrera desenfrenada entre los aspirantes al sillón de Pizarro por demostrar quién será más implacable contra la criminalidad. Las propuestas van desde prisiones rodeadas de serpientes venenosas en la Amazonía hasta recompensas en efectivo por abatir delincuentes, en un contexto donde la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos.
Un país hastiado por la violencia desbordada
Perú atraviesa una de las peores crisis de seguridad en su historia reciente. Las cifras son contundentes: los homicidios han aumentado de manera sostenida en los últimos años, las extorsiones se han multiplicado exponencialmente y las organizaciones criminales —muchas de ellas vinculadas al narcotráfico y a redes internacionales— han extendido sus tentáculos a prácticamente todas las regiones del país.
Lima, Trujillo, Chiclayo y otras ciudades importantes se han convertido en escenarios de sicariato, cobro de cupos y secuestros. La percepción de inseguridad entre la población supera el 85%, según encuestas recientes, y la confianza en las instituciones encargadas de combatir el crimen —Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial— se encuentra en mínimos históricos.
Este hartazgo ciudadano generalizado ha creado el caldo de cultivo perfecto para que los candidatos presidenciales adopten discursos cada vez más radicales en materia de seguridad, apelando al miedo y la frustración de millones de peruanos que sienten que el Estado los ha abandonado.
Propuestas extremas que desafían el Estado de Derecho
Entre las propuestas más llamativas que han surgido en la precampaña destaca la idea de construir cárceles de máxima seguridad en zonas remotas de la selva amazónica, supuestamente rodeadas por serpientes venenosas como medida disuasiva natural contra fugas. La propuesta, que parece sacada de una película de acción, ha generado tanto aplausos populistas como serias críticas de juristas y organismos de derechos humanos.
Otros candidatos han ido aún más lejos, planteando recompensas económicas para ciudadanos o fuerzas del orden que abatan a criminales en flagrancia. Este tipo de iniciativas, que evocan las políticas de "mano dura" implementadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, buscan capitalizar la admiración que amplios sectores de la población peruana sienten por el modelo salvadoreño.
No faltan quienes proponen la pena de muerte para violadores y sicarios, la declaratoria permanente de estados de emergencia en todo el territorio nacional, o la militarización completa de las ciudades. Cada candidato intenta superar al anterior en dureza retórica, en lo que analistas políticos han descrito como una competencia por ser "el sheriff más despiadado".
El espejismo de Bukele y la realidad peruana
La influencia del modelo Bukele en el debate peruano es innegable. Según diversas encuestas, una mayoría significativa de peruanos aprueba las medidas adoptadas en El Salvador, incluyendo el régimen de excepción que ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales por violaciones masivas a los derechos humanos.
"Los candidatos están vendiendo soluciones simplistas a problemas estructurales complejos. La inseguridad en Perú no se resuelve con cárceles en la selva, sino con reforma policial, fortalecimiento del sistema de justicia y políticas integrales de prevención", advierten analistas en seguridad ciudadana.
Sin embargo, la realidad peruana presenta diferencias sustanciales con el caso salvadoreño. El crimen en Perú está profundamente vinculado al narcotráfico, a la corrupción institucional enquistada en todos los niveles del Estado y a la debilidad crónica del sistema de justicia. Ninguna de estas causas estructurales se resuelve con medidas punitivas extremas que, además, podrían generar graves violaciones a los derechos fundamentales.
El peligro de la demagogia securitaria
Expertos en seguridad pública y constitucionalistas han alertado sobre los riesgos de esta escalada retórica. La competencia por presentarse como el candidato más duro contra el crimen puede conducir, en la práctica, a políticas que erosionen el Estado de Derecho sin lograr resultados efectivos en la reducción de la violencia.
La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de "mano dura" sin reformas institucionales profundas tienden a fracasar. México, Honduras y Venezuela aplicaron en distintos momentos enfoques militaristas que no solo no redujeron el crimen, sino que en muchos casos lo exacerbaron y generaron graves abusos contra la población civil.
En Perú, donde la corrupción policial y judicial es parte del problema, entregar más poder a instituciones sin reformarlas primero podría resultar contraproducente. Los criminales que hoy extorsionan y asesinan muchas veces operan con protección de funcionarios corruptos, un problema que ninguna cárcel en la selva va a resolver.
Lo que realmente necesita el Perú
Más allá de la retórica electoral, los especialistas coinciden en que Perú requiere una estrategia integral de seguridad que incluya la profesionalización y depuración de la Policía Nacional, el fortalecimiento del sistema de inteligencia, la reforma del sistema penitenciario existente y una lucha frontal contra la corrupción en el aparato de justicia.
También resulta indispensable atacar las economías ilegales que financian al crimen organizado, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal, así como fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público y garantizar que los procesos judiciales lleguen a condenas efectivas.
Los peruanos merecen propuestas serias, no espectáculos electorales. La seguridad ciudadana es un asunto demasiado grave como para convertirla en una subasta de promesas incumplibles que solo buscan votos a costa del miedo de la población.
