La contienda electoral más fragmentada de la historia reciente del Perú tiene un denominador común que atraviesa prácticamente todas las candidaturas: la lucha contra el crimen organizado. Con 35 aspirantes a la presidencia de la República, la seguridad ciudadana se ha convertido en el terreno donde cada postulante busca diferenciarse, en un país que ha visto deteriorarse dramáticamente sus indicadores de violencia en los últimos años.
Un país acorralado por la criminalidad
El Perú que se encamina a las elecciones generales de 2026 es radicalmente distinto al de hace una década. Las extorsiones, los sicariatos y las redes de narcotráfico han dejado de ser problemas focalizados para convertirse en una crisis nacional que afecta desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales más remotas del territorio.
Las cifras son alarmantes. Los homicidios vinculados al crimen organizado han experimentado un incremento sostenido, mientras que las extorsiones a pequeños y medianos empresarios se han multiplicado en regiones como La Libertad, Lima, Callao y Lambayeque. La percepción de inseguridad entre los ciudadanos peruanos se mantiene en niveles históricamente altos, lo que explica por qué este tema domina la agenda electoral.
La penetración del crimen organizado transnacional, particularmente vinculado al narcotráfico y a organizaciones criminales con conexiones en Venezuela, Colombia y Ecuador, ha añadido una capa de complejidad al problema que los gobiernos anteriores no supieron anticipar ni enfrentar con eficacia.
Propuestas punitivas dominan el discurso
En este contexto, las propuestas de mano dura se han apoderado del debate. Desde la reinstauración de la pena de muerte hasta la declaratoria permanente de estados de emergencia, pasando por la militarización de zonas críticas y la construcción de cárceles de máxima seguridad, los candidatos compiten por presentar la postura más severa contra la delincuencia.
Sin embargo, expertos en seguridad y analistas políticos advierten que muchas de estas propuestas son más retóricas que viables. Las medidas exclusivamente punitivas, sin un enfoque integral que incluya inteligencia policial, reforma del sistema de justicia y combate a la corrupción institucional, tienen un historial limitado de éxito en la región.
Las propuestas punitivas como las que dominan esta campaña pueden generar aplausos en mítines, pero sin fortalecimiento institucional y reforma del sistema de justicia, el crimen organizado seguirá adaptándose y creciendo.
El problema de fondo, señalan los especialistas, es que el crimen organizado en el Perú no opera en el vacío. Se alimenta de la corrupción en las fuerzas del orden, de un Poder Judicial debilitado, de un sistema penitenciario colapsado donde las cárceles funcionan como centros de operaciones criminales, y de una economía informal que facilita el lavado de activos.
La fragmentación electoral complica las soluciones
Con 35 candidatos en la papeleta, la dispersión del voto es prácticamente inevitable. Las encuestas muestran que ningún aspirante supera el 15% de intención de voto, lo que configura un escenario donde el próximo presidente podría llegar al poder con un respaldo mínimo y, por ende, con escasa capacidad de negociación en el Congreso para implementar las reformas profundas que el país necesita.
Esta fragmentación no es nueva en la política peruana, pero resulta particularmente peligrosa cuando el desafío principal requiere una respuesta estatal coordinada y sostenida. El crimen organizado no se combate con decretos aislados ni con declaraciones grandilocuentes en campaña; requiere una política de Estado que trascienda un período gubernamental.
La experiencia de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno contra las bandas criminales con resultados mixtos, y la de El Salvador, donde Nayib Bukele implementó un régimen de excepción permanente que ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos pero que goza de amplio respaldo popular, se han convertido en referencias recurrentes en el debate peruano.
Lo que realmente está en juego
Más allá de la retórica electoral, lo que está en juego es la viabilidad del Estado peruano en amplias zonas del territorio nacional. En regiones como La Libertad, donde la organización criminal conocida como Los Pulpos ha sembrado el terror durante años, o en el VRAEM, donde el narcotráfico opera con relativa impunidad, la presencia estatal es precaria cuando no inexistente.
El próximo gobierno deberá enfrentar no solo la violencia visible —los sicariatos, las extorsiones, los asaltos— sino también las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado. El lavado de activos, la minería ilegal y el tráfico de personas son eslabones de una cadena criminal que ha penetrado incluso las instituciones del Estado.
Los electores peruanos, hastiados de promesas incumplidas y de una clase política que ha demostrado repetidamente su incapacidad para gobernar con eficacia, buscan respuestas concretas. Pero en una campaña donde la demagogia compite con la demagogia, distinguir las propuestas serias de las puramente electoralistas se convierte en un ejercicio cada vez más difícil.
Lo cierto es que quien gane la presidencia heredará un país donde el crimen organizado ya no es un problema de seguridad pública: es una amenaza existencial para la democracia peruana. Y las soluciones, si es que existen en alguna de las 35 candidaturas, requerirán mucho más que mano dura: exigirán voluntad política, capacidad institucional y, sobre todo, un compromiso genuino con el fortalecimiento del Estado de derecho.
