El Poder Judicial ha condenado a Jordano L. a una pena privativa de libertad efectiva de 18 años y cinco meses por la comisión de los delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de arma de fuego. La sentencia fue emitida en el marco del proceso penal iniciado tras el asesinato de un adolescente ocurrido en septiembre de 2024, durante un enfrentamiento entre presuntos barristas en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Detalles del crimen y la intervención policial
Según lo informado por el Ministerio Público, los hechos se desarrollaron en las inmediaciones del jirón Ricardo Palma y la avenida José Granda. En ese entonces, Jordano L., quien tenía 18 años de edad al momento de los hechos, disparó contra su víctima durante una pelea que involucraba a grupos de barristas. El ataque armado resultó fatal para el menor, quien falleció como consecuencia del impacto.
Tras la agresión, el procesado fugó del lugar. Sin embargo, las acciones propias de la función policial permitieron identificarlo y localizar su vivienda. Los agentes se desplazaron hasta el domicilio donde intervinieron al sujeto en posesión de dos casquillos percutidos. Adicionalmente, durante un registro domiciliario realizado en la habitación del procesado, hallaron un revólver abastecido dentro de un ropero, motivo por el cual fue conducido a una dependencia policial, como publicó este diario en Condenan a 18 años y cinco meses por homicidio calificado en SMP.
Pruebas y fundamentos de la sentencia
El fiscal adjunto provincial Sergio Arturo Arroyo Loayza sustentó la acusación presentando diversas pruebas que demostraron la responsabilidad penal del acusado. Entre los medios probatorios figuran las actas de intervención policial, el protocolo de necropsia, declaraciones de efectivos y testigos presenciales, así como la visualización de cámaras de seguridad, tema que ya cubrimos en Condenan a 18 años y cinco meses por homicidio calificado en SMP.
Asimismo, se consideró crucial la pericia balística forense que confirmó que el proyectil extraído del cadáver del adolescente correspondía al arma incautada. La consulta en Sucamec también fue parte fundamental para verificar los antecedentes y características del armamento utilizado. Estas evidencias permitieron establecer con rigor la relación causal entre las acciones de Jordano L. y el fallecimiento de la víctima, tal como señaló El Comercio.
Próximos pasos procesales
Cabe precisar que esta resolución corresponde a una sentencia en primera instancia. Por lo tanto, la defensa legal del procesado tiene la facultad de presentar un recurso de apelación contra la decisión judicial. La comunidad y las autoridades esperan el desarrollo ulterior del proceso para conocer si se mantiene o modifica la pena impuesta.
