La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) enfrenta una grave crisis de seguridad tras la difusión masiva de archivos sensibles a través de la red social Telegram. Según lo denunciado este domingo por el programa periodístico Punto Final, un ciberdelincuente habría accedido ilegalmente a los servidores institucionales desde junio de 2026 para extraer información clasificada que incluye registros operativos y datos personales de ciudadanos venezolanos residentes en el país.
Acceso a sistemas obsoletos y filtración masiva
El reportaje difundido por Punto Final identifica al responsable de la divulgación como un sujeto autodenominado 'Inkaroot'. Este actor, quien afirma haber obtenido acceso a los servidores de la DIRIN en una tercera ocasión, publicó públicamente que fue relativamente sencillo vulnerar el sistema de seguridad debido a su obsolescencia y falta de actualizaciones críticas. Entre los archivos compartidos figura una base de datos vinculada al monitoreo de inteligencia migratoria.
La información expuesta no solo compromete la operatividad policial, sino también la privacidad de miles de personas. Los registros difundidos contienen detalles sobre operaciones policiales en curso y herramientas utilizadas por agentes, además de fichas personales asociadas a ciudadanos venezolanos con condición de refugiado o migrante regular en el territorio peruano.
Respuestas oficiales: silencio policial y negación del Ejecutivo
Frente a la gravedad de los hechos, la Policía Nacional no emitió ningún pronunciamiento oficial ni respondió directamente al programa Punto Final sobre las denuncias. Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sí se pronunció ante la situación. La entidad aclaró que la información involucrada tiene carácter secreto y negó explícitamente cualquier intrusión en sus sistemas durante el año 2026.
Impacto en la seguridad ciudadana
La filtración de datos operativos representa un riesgo significativo para la integridad física de los efectivos policiales y la eficacia de las investigaciones en curso. Asimismo, la exposición de registros migratorios plantea serias dudas sobre la protección de datos personales de una población vulnerable.
