El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación total de los aranceles del 100 % que había impuesto a las importaciones provenientes de Colombia. Esta medida, publicada por el Servicio Nacional de Aduana (Senae) mediante una resolución, entrará en vigencia desde el lunes 1 de junio. La decisión pone fin a un período de tensas relaciones comerciales entre ambos países, marcado por la imposición de gravámenes y represalias mutuas que afectaron a empresarios y comerciantes de la frontera.
Desacuerdo sobre las causas de la medida
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había atribuido inicialmente esta eliminación de gravámenes a un acuerdo directo con el candidato presidencial colombiano de derecha, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la Cancillería de Bogotá calificó esta declaración de "engañosa". Según el gobierno colombiano, la retirada de los aranceles responde exclusivamente al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), negando cualquier vínculo con negociaciones políticas con candidatos electorales.
Origen de la disputa comercial
El conflicto comercial tuvo su origen en enero, cuando Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" a las importaciones colombianas, argumentando la insuficiencia de las acciones del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y la criminalidad en la frontera. La tasa, que inicialmente fue del 30 %, se incrementó progresivamente hasta alcanzar el 100 % en mayo. Colombia respondió con gravámenes diferenciados de hasta el 75 % y medidas de retorsión, como el corte de la interconexión eléctrica y el cierre de la frontera terrestre para productos como arroz y banano.
Intervención de la Comunidad Andina
La tensión se intensificó con acusaciones cruzadas entre los mandatarios, lo que llevó a ambos gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores. Ante la escalada, la CAN intervino a inicios de mayo, ordenando a Ecuador y Colombia retirar los aranceles en un plazo de diez días bajo la premisa de que vulneraban el Acuerdo de Cartagena. Quito había solicitado inicialmente la suspensión de estas resoluciones, argumentando vicios en su contenido. Paralelamente, Ecuador había incrementado significativamente el precio del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de su oleoducto principal.
