El presidente José María Balcázar oficializó la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, un documento estratégico que busca revertir los alarmantes índices delictivos que atraviesa el país. Durante el anuncio, el mandatario fue contundente al declarar que 'no se puede negociar con delincuentes', marcando una posición firme ante la escalada criminal.
El plan, que tendrá vigencia por tres años, contempla un enfoque integral para combatir la inseguridad ciudadana, priorizando el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la implementación de medidas específicas para reducir la delincuencia en Lima y Callao, zonas que concentran los mayores índices de criminalidad del país.
Fortalecimiento institucional de la PNP
Una de las principales líneas de acción del plan se centra en el fortalecimiento institucional de la PNP. Las medidas incluyen la modernización del equipamiento policial, la mejora en los sistemas de comunicación y la ampliación de la cobertura territorial de las comisarías en zonas de alto riesgo.
El documento también contempla el incremento del pie de fuerza policial, con especial énfasis en las zonas metropolitanas de Lima y Callao, donde la presencia delictiva ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años. Se prevé la creación de nuevas unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
'Este plan no es solo un documento más, es una declaratoria de guerra contra quienes pretenden sembrar el terror en nuestras calles', enfatizó el presidente Balcázar durante la ceremonia de presentación.
Medidas específicas para Lima y Callao
El plan reconoce que Lima y Callao requieren atención prioritaria debido a su complejidad urbana y alta concentración poblacional. Entre las medidas específicas se encuentra la implementación de un sistema integrado de videovigilancia, la creación de corredores seguros en zonas comerciales y el reforzamiento de la seguridad en el transporte público.
Asimismo, se establecerá una coordinación más estrecha entre las municipalidades distritales y la PNP para optimizar el uso de recursos y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. El plan contempla la instalación de nuevos puestos de auxilio rápido en puntos estratégicos de ambas provincias.
Enfoque preventivo y participación ciudadana
El documento no se limita únicamente a medidas represivas, sino que incorpora un componente preventivo significativo. Se promoverá la participación activa de la ciudadanía a través de programas de vigilancia vecinal y la creación de redes de información que permitan una respuesta más efectiva ante actividades delictivas.
El plan también incluye programas sociales dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir su incorporación a organizaciones criminales. Estas iniciativas se desarrollarán en coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.
Coordinación interinstitucional
Un aspecto clave del plan es el fortalecimiento de la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado involucradas en la seguridad ciudadana. Se establecerán protocolos de actuación conjunta entre la PNP, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar una respuesta integral ante la criminalidad.
La propuesta también contempla la creación de una central de inteligencia que permita el intercambio de información en tiempo real entre las diferentes instituciones, optimizando las operaciones contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Presupuesto y financiamiento
Si bien el gobierno no ha detallado el monto específico destinado para la implementación del plan, se ha confirmado que contará con recursos del presupuesto nacional y la posibilidad de obtener financiamiento internacional para componentes específicos del programa.
La ejecución del plan será monitoreada trimestralmente por una comisión multisectorial que evaluará el cumplimiento de metas y la efectividad de las medidas implementadas. Esta supervisión permitirá realizar ajustes necesarios para garantizar el éxito de la estrategia.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 representa una apuesta decidida del gobierno por recuperar la tranquilidad en las calles peruanas, con un enfoque que combina la firmeza en el combate al crimen con la prevención y la participación ciudadana.
