La región de Piura enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes tras el asesinato de cuatro personas en las últimas horas, un hecho que ha sido captado por cámaras de vigilancia y que evidencia la escalada violenta en la zona. El incidente ocurrió en la cuadra siete del pasaje Unión, donde sujetos armados a bordo de motocicletas realizaron más de diez disparos contra una vivienda familiar. Este ataque brutal no solo dejó cuatro fallecidos, entre ellos un adolescente de 12 años herido que fue trasladado al Hospital de Sullana, sino que también ha servido como detonante para que las autoridades locales denuncien públicamente la falta de protección estatal.
Alerta por impunidad y terror en el norte
Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales, calificó la situación actual como un "momento de terror y zozobra", advirtiendo que la región atraviesa un escenario crítico marcado por la frecuencia del sicariato y las extorsiones. Según sus declaraciones, los ajustes de cuentas se han vuelto rutinarios en zonas como Sullana, donde no se perciben resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado. Guerrero afirmó: "Es un momento de terror y zozobra, ya no sabemos cómo actuar", subrayando que la violencia ha superado cualquier nivel tolerable para las instituciones locales.
Alcaldes como blancos prioritarios
Más allá del crimen común, los líderes distritales reportan haberse convertido en objetivos directos de grupos criminales. Guerrero reveló que varios alcaldes han sido víctimas de amenazas y extorsiones sistemáticas. Al solicitar protección policial a las autoridades competentes, la respuesta recibida ha sido negativa bajo el argumento de no existir una amenaza formal suficientemente grave para activar los protocolos de seguridad. Esta vulnerabilidad institucional se agrava con casos previos documentados, como el ataque contra Víctor Hugo Febre, quien fue baleado en su vehículo, lo que confirma un patrón de agresión hacia las autoridades electas.
Impacto en la gestión pública y preelectoral
La inseguridad generalizada está paralizando la administración local. Guerrero señaló que el clima de violencia limita severamente la ejecución de obras públicas, ya que realizar inversiones se ha vuelto riesgoso debido al acoso criminal. En un contexto político sensible previo a las elecciones, los alcaldes han anunciado la preparación de un memorial conjunto dirigido al Gobierno Central y a la Policía Nacional. La demanda central es clara: exigir una estrategia articulada que respete a las autoridades elegidas por voto popular y garantice la seguridad física tanto de los funcionarios como de la población civil ante el avance incontrolado del crimen organizado.
