Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República busca reducir drásticamente el tiempo permitido para mantener concesiones mineras sin actividad productiva, una medida que ha encendido las alarmas en el sector extractivo formal y que podría tener consecuencias profundas para la inversión minera en el país.
La iniciativa legislativa propone recortar a la mitad los plazos actuales que tienen los titulares de concesiones para iniciar operaciones de exploración o explotación. Actualmente, las empresas mineras pueden mantener concesiones durante períodos prolongados mientras realizan estudios de factibilidad, obtienen permisos ambientales y aseguran financiamiento, procesos que en el Perú pueden tomar años debido a la complejidad burocrática y regulatoria.
Un golpe a la inversión formal, según la industria
Los gremios mineros han reaccionado con dureza ante la propuesta. Representantes del sector han calificado la medida como "un golpe" directo a la competitividad del Perú como destino de inversión minera, en un contexto global donde países como Chile, Australia y Canadá compiten agresivamente por atraer capitales del sector extractivo.
La principal preocupación radica en que los plazos actuales responden a realidades operativas concretas. La exploración minera es un proceso inherentemente largo y costoso: desde la identificación de un yacimiento hasta el inicio de la producción pueden transcurrir entre 10 y 15 años, dependiendo de la complejidad geológica, los requerimientos ambientales y la obtención de la licencia social en las comunidades aledañas.
Reducir estos plazos, argumentan los empresarios, no acelerará la producción minera sino que provocará la pérdida de concesiones por parte de operadores formales que están en etapas legítimas de desarrollo de sus proyectos. Las empresas que invierten millones de dólares en estudios geológicos y ambientales podrían verse forzadas a abandonar concesiones antes de poder materializarlas.
El riesgo de fortalecer la minería ilegal e informal
Quizás el argumento más contundente del sector formal es que esta medida terminaría beneficiando precisamente a quienes opera al margen de la ley. Cuando una concesión queda libre, se abre una ventana de oportunidad para que operadores informales e ilegales se instalen en esos terrenos, muchas veces con consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades locales.
La minería ilegal ya representa un problema de enormes proporciones en el Perú. Según estimaciones oficiales, esta actividad genera miles de millones de dólares anuales que escapan completamente del sistema tributario, mientras destruye ecosistemas en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad. Lejos de resolver el problema de las concesiones ociosas, la nueva legislación podría agravar la situación al crear un vacío que los operadores ilegales llenarían rápidamente.
Los críticos del proyecto señalan que el Congreso parece desconocer —o ignorar deliberadamente— la diferencia entre una concesión genuinamente abandonada y una que se encuentra en etapas preliminares de desarrollo. No toda concesión sin producción activa es una concesión ociosa; muchas están en fases de exploración, tramitación de permisos o negociación con comunidades.
El contexto económico y la importancia estratégica de la minería
La discusión cobra especial relevancia en un momento en que el Perú necesita más que nunca mantener su atractivo como destino de inversión minera. El país es el segundo productor mundial de cobre y zinc, y uno de los principales productores de oro, plata y plomo. El sector minero representa aproximadamente el 10% del Producto Bruto Interno y genera cerca del 60% de las exportaciones nacionales.
En un escenario global donde la transición energética impulsa una demanda creciente de minerales como el cobre y el litio, el Perú tiene una oportunidad histórica para capitalizar sus vastas reservas minerales. Sin embargo, señales regulatorias negativas como esta podrían desviar inversiones hacia jurisdicciones percibidas como más estables y predecibles.
Organismos como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han insistido en que el marco regulatorio debe ser reformado para agilizar procesos, no para penalizar a quienes enfrentan demoras causadas en gran medida por la propia burocracia estatal. La tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental, por ejemplo, puede tomar varios años en el Perú, un plazo que no depende de la voluntad del inversionista.
¿Qué debería hacer el Congreso?
En lugar de acortar plazos de manera indiscriminada, expertos del sector sugieren que la legislación debería enfocarse en mecanismos más inteligentes para distinguir entre concesiones verdaderamente especulativas y aquellas en desarrollo legítimo. Criterios como la inversión mínima demostrable, la presentación de planes de trabajo actualizados o la vinculación con procesos de permisos en trámite podrían ser herramientas más efectivas.
Asimismo, se plantea que el esfuerzo legislativo debería concentrarse en combatir frontalmente la minería ilegal, fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y simplificar los trámites que hoy ralentizan el desarrollo de proyectos formales. Atacar el síntoma —las concesiones aparentemente ociosas— sin abordar las causas estructurales que las generan es, según los analistas, una receta para el fracaso.
El proyecto de ley aún debe superar varias etapas en el Congreso antes de convertirse en norma. La industria minera confía en que el debate parlamentario permita introducir modificaciones sustanciales que equilibren el objetivo legítimo de evitar la especulación con concesiones y la necesidad imperiosa de mantener un clima de inversión competitivo para el sector que sostiene buena parte de la economía nacional.
