El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lanzó una advertencia que no puede pasar desapercibida: la incertidumbre política interna se mantiene como uno de los principales factores de riesgo para la evolución de la economía nacional. En un contexto donde la inversión privada y el consumo son los motores fundamentales de la demanda interna, el ruido político amenaza con convertirse en un freno estructural para el crecimiento.
La alerta del ente emisor, recogida por Diario Expreso, pone sobre la mesa una verdad incómoda que la clase política parece ignorar sistemáticamente: cada crisis institucional, cada enfrentamiento entre poderes del Estado y cada señal de inestabilidad tiene un costo económico real que terminan pagando todos los peruanos.
La incertidumbre política como enemigo de la inversión
El BCRP ha sido enfático en señalar que la incertidumbre política figura entre los riesgos más relevantes para la evolución de la economía peruana. No se trata de una advertencia nueva, pero sí de una que cobra mayor urgencia en un momento en que el país necesita acelerar su ritmo de crecimiento para generar empleo y reducir la pobreza.
La inversión privada, que representa aproximadamente el 18% del Producto Bruto Interno (PBI), es particularmente sensible al clima político. Los empresarios postergan decisiones de inversión cuando perciben que las reglas del juego pueden cambiar abruptamente o cuando la gobernabilidad del país está en entredicho.
Este fenómeno no es teórico. El Perú ha experimentado en los últimos años una contracción significativa de la inversión privada precisamente en los periodos de mayor turbulencia política. Los capitales, tanto nacionales como extranjeros, buscan previsibilidad y estabilidad institucional, dos condiciones que el sistema político peruano ha sido incapaz de garantizar de manera sostenida.
El consumo privado también en la mira del riesgo
Más allá de la inversión, el BCRP también advierte sobre los efectos que la inestabilidad política puede tener sobre el consumo privado, el componente más grande de la demanda interna. Cuando los hogares perciben un entorno de incertidumbre, tienden a adoptar comportamientos más cautelosos con su gasto.
La confianza del consumidor es un indicador que responde directamente al clima político. Las familias peruanas, especialmente las de clase media, ajustan sus decisiones de compra de bienes durables, postergan adquisiciones importantes y aumentan su ahorro precautorio cuando sienten que el futuro económico del país es incierto.
Este efecto es particularmente dañino porque genera un círculo vicioso: menos consumo implica menos ventas para las empresas, lo que a su vez reduce la producción, el empleo y los ingresos, alimentando aún más la cautela de los hogares.
Un patrón que se repite con costos acumulados
Lo más preocupante de la advertencia del BCRP es que forma parte de un patrón recurrente. El Perú lleva varios años arrastrando los costos económicos de su inestabilidad política. Desde 2016, el país ha atravesado múltiples crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, vacancias presidenciales, protestas sociales y un deterioro generalizado de la institucionalidad.
Cada uno de estos episodios ha dejado cicatrices en la economía. Proyectos de inversión pospuestos o cancelados, empresas que decidieron no expandir sus operaciones en el Perú, y un crecimiento potencial que se ha ido reduciendo progresivamente. El costo acumulado de esta inestabilidad se mide en miles de millones de soles que el país dejó de producir.
La evidencia es contundente: los países que logran mantener estabilidad institucional y política crecen más rápido y generan más bienestar para sus ciudadanos. El Perú, lamentablemente, ha tomado el camino contrario.
El rol del BCRP y los límites de la política monetaria
El Banco Central ha cumplido un rol fundamental en mantener la estabilidad macroeconómica del país. Su manejo prudente de la política monetaria, con un esquema de metas de inflación que ha funcionado razonablemente bien, ha sido un ancla de estabilidad en medio del caos político.
Sin embargo, la política monetaria tiene límites claros. El BCRP puede ajustar tasas de interés y proveer liquidez, pero no puede sustituir la confianza que destruye la inestabilidad política. Por más que las condiciones monetarias sean favorables, si los agentes económicos no confían en el entorno institucional, la inversión y el consumo no se recuperarán plenamente.
La tasa de referencia del BCRP ha venido ajustándose para estimular la actividad económica, pero la efectividad de esta herramienta se ve mermada cuando el ruido político contamina las expectativas de los agentes económicos.
Una responsabilidad que recae en la clase política
La advertencia del BCRP es, en última instancia, un llamado de atención directo a la clase política peruana. Son el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo los que tienen la responsabilidad de generar un entorno de estabilidad que permita a la economía desarrollar todo su potencial.
Esto implica priorizar la gobernabilidad sobre las pugnas partidarias, respetar la institucionalidad democrática y enviar señales claras de que las reglas del juego económico se mantendrán estables. También requiere aprobar reformas que mejoren el clima de inversión, simplificar la burocracia y combatir la corrupción con determinación.
El Perú tiene los fundamentos macroeconómicos para crecer a tasas superiores al 4% anual. Cuenta con recursos naturales, una posición geográfica estratégica y una fuerza laboral emprendedora. Lo que le falta es una clase política a la altura de sus posibilidades económicas.
Mientras el ruido político siga siendo la norma y no la excepción, las advertencias del BCRP continuarán cayendo en oídos sordos, y los peruanos seguirán pagando el precio de una inestabilidad que nadie votó pero todos padecen.
