La Confederación Nacional de Empresas Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han emitido un posicionamiento cauteloso respecto al programa económico presentado por Keiko Fujimori. Si bien ambas entidades patronales reconocen el contenido de los anuncios económicos, han enfatizado que la viabilidad real de estas propuestas depende intrínsecamente de la capacidad fiscal del Estado para financiarlas y ejecutarlas en tiempo récord.
Respaldo condicional a las medidas económicas
Durante sus declaraciones públicas, los directivos de Confiep y el SNI destacaron que ciertos lineamientos presentados por la candidata presidencial coinciden con las demandas históricas del sector productivo. Este reconocimiento no implica un apoyo incondicional, sino una validación técnica basada en la coherencia de algunas propuestas con los principios de eficiencia económica y formalización empresarial.
No obstante, el tono de sus comunicados oficiales refleja una profunda preocupación por la sostenibilidad financiera de las medidas anunciadas. Las organizaciones empresariales han señalado que un programa electoral sin un plan de financiamiento claro corre el riesgo de quedar en papel mojado, afectando la confianza del mercado y la inversión privada, tal como señaló Punto Veraz.
El reto de la ejecución presupuestaria
Más allá de las intenciones declaradas, el foco principal de la advertencia empresarial recae en la capacidad operativa del Estado. La historia reciente del Perú ha demostrado que los anuncios electorales a menudo chocan con la rigidez del presupuesto público y la lentitud burocrática.
Para Confiep y el SNI, el verdadero desafío no es solo diseñar políticas públicas atractivas, sino contar con los recursos necesarios para implementarlas sin comprometer las cuentas fiscales. Esta postura alinea a ambas entidades como actores críticos que exigen transparencia en la fuente de los fondos propuestos, indicó El Comercio.
En un contexto electoral marcado por la incertidumbre económica, estas declaraciones sirven como una advertencia directa: el sector privado está dispuesto a colaborar con propuestas que generen crecimiento, pero exigirá rigor técnico y responsabilidad fiscal para considerarlas viables. La ejecución efectiva de cualquier medida dependerá, en última instancia, de la disciplina presupuestaria del futuro gobierno.
